La Junta compensará a las ITV la congelación desde el 2012 sin repercutirlo en las tarifas finales

Así lo han señalado fuentes de la Consejería de Economía y Hacienda en relación a la sentencia del Tribunal Supremo, que confirma la del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sobre la actualización automática de las tarifas de ITV.

Así, la Consejería ha incidido en que la sentencia no obliga a la Junta a subir las tarifas sino a compensar a las concesionarias por las pérdidas ocasionadas, sin que se fije cantidad alguna al respecto, algo que la Junta estudia en la actualidad.

Además, la Junta de Castilla y León, de forma paralela, elaborará a lo largo de este año una orden en la que se regulará cómo se actualizarán las tarifas y estudiará si hay "equilibrio de prestaciones entre las partes" para fijar los criterios que se establecerán.

Fuentes de la Consejería han insistido en que se trata de que los ciudadanos no paguen el coste que supondrá la sentencia, que además no influye sobre la rebaja de tarifas que entró en vigor en el ejercicio 2015, que supuso una disminución media del 20 por ciento de los precios de las inspecciones, que eran de las más caras de España, con el fin de adecuarlas a la media nacional. Así, las tarifas se mantendrán y subirán lo que se establezca en la regulación para su actualización.

Precisamente la orden de octubre de 2014 que entró en vigor en 2015 y estableció la rebaja de tarifas también ha sido objeto de recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por parte de la Asociación de Entidades para la Inspección Técnica de Vehículos (AECyL-ITV), integrada por Itevecasa, Itevelesa y Atisae, así como por estas dos últimas concesionarias.

En los tres casos las sentencias han sido favorables a la Junta de Castilla y León, aunque estas no son firmes y pueden ser recurridas ante el Supremo.

Además, la orden que entró en vigor en 2015 estableció que los precios no debían subir conforme al IPC, algo marcado por la Ley de Desindexación de la Economía Española, que desvincula los precios públicos de este indicador y supuso la congelación de las tarifas, cuya actualización se regulará a lo largo de este año.