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a. cubillas
Martes, 20 de diciembre 2016, 19:27
Mientras Raquel Gago entraba por la puerta de la prisión de Villahierro, la petición de indulto que la familia de Raquel Gago abrió en la plataforma digital Change.org y que prevé remitir al Tribunal Constitucional, al Consejo de Ministros y al rey de España ... ya había sumado más de 780 personas.
Bajo el título 'Me voy a prisión siendo inocente', la solicitud plantea que Gago ha sido condenada sin pruebas que le acusen directamente a una pena agravada de 14 años de prisión y plantea que se ha vulnerado el derecho constitucional de presunción de inocencia, reclamando, en caso de no ser concedido, un nuevo juicio, esta vez sin jurado.
La Ley debe ser igual para todos, concluye la petición promovida por su hermano y que responde a la intención que ya ha manifestado tanto la propia Raquel Gago durante la vista oral del pasado viernes- como su letrado Fermín Guerrero, de solicitar el indulto al Gobierno.
No es la primera vez que el caso Raque Gago llega a esta plataforma. En febrero de 2016 el hermano de la agente abría una petición para solicitar la libertad provisional de Raquel hasta que se resolviese los recursos.
Según recogía la petición que llegó a alcanzar las 3.371 firmas, en el mediático juicio por el asesinato de Isabel Carrasco no se han probado las acusaciones contra la policía local Raquel Gago. Una campaña que también están desarrollando por diferentes redes sociales así como a través de hojas de firmas repartidas por diferentes establecimientos de la capital y provincia.
Finalmente la Audiencia Provincial acordó su libertad provisional hasta que la sentencia fuese firme. Supuesto que se hizo efectivo este lunes, cuando el Tribunal Supremo la condenó a 14 años de prisión por un delito de asesinato y tenencia ilícita de armas. Un día después, Raquel Gago inicia su segunda etapa en la prisión de Mansilla de las Mulas.
Bajo el título 'Me voy a prisión siendo inocente', la solicitud plantea que Gago ha sido condenada sin pruebas que le acusen directamente a una pena agravada de 14 años de prisión y plantea que se ha vulnerado el derecho constitucional de presunción de inocencia, reclamando, en caso de no ser concedido, un nuevo juicio, esta vez sin jurado. La Ley debe ser igual para todos, concluye la petición.
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