«Tenía conocimiento y aceptó hacerse cargo del arma»

La tesis planteada de la Fiscalía del Supremo en la vista pública celebrada este miércoles para resolver los recursos de casación presentados por las partes ha tenido un enorme peso en la decisión final.

En la vista el fiscal José María Casado pidió al tribunal de la Sala Segunda (de lo Penal) que aumentara dos años la pena de 12 que se impuso a la agente municipal como cooperadora necesaria en la muerte violenta de Carrasco, dirigente provincial del Partido Popular de 59 años cuando falleció.

El alegato del fiscal para endurecer la condena de Gago resultó demoledor. Ella incurrió en tenencia ilícita de armas por hacerse cargo del revólver con el que se cometió el crimen. Así, ha opinado que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) se equivocó por la «inaplicación indebida» del artículo que impone una pena por este hecho.

Para el Fiscal «no cabe la menor duda de que Raquel Gago tenía conocimiento y aceptó hacerse cargo del arma», de la que además conocía que era un revólver sin licencia, que había sido alterada para borrar su número y que tuvo en su poder durante al menos 30 horas.