El Supremo cerrará el ‘caso Carrasco’ el 14 de diciembre y sentenciará el futuro de Raquel Gago

Una vista especialmente clave para la figura de Raquel Gago, la agente de la Policía Local de León, condenada a 12 años de prisión por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León tras entender que sus hechos eran constitutivos de un delito de asesinato en calidad de cómplice.

De esta forma, la Sala ratificaba el veredicto de los miembros del jurado que fue desechado por el presidente magistrado de la Audiencia Provincial de León, limitando su condena a un delito de encubrimiento con una pena de cinco años de prisión.

En un recurso casación, el letrado Fermín Guerrero denuncia la violación de «derechos fundamentales» durante el procedimiento y remarca lo que, bajo su criterio, fueron flagrantes contradicciones en el dictamen emitido por el jurado. Es más, insta por todo ello al Supremo a la repetición del juicio oral en este caso o, en su defecto, a que se dictamine la inocencia de su representada.

Así solicita que se acuerde «la devolución del procedimiento a la Audiencia para la celebración de un nuevo juicio ante un jurado distinto o, por estimación del motivo segundo y tercero se absuelva a mi patrocinada de los delitos a los que el TSJ de Burgos la viene condenando».

Por su parte, la Fiscalía de Castilla y León presentó un recurso al entender que Gago no sólo es cómplice del asesinato sino autora de un delito de tenencia ilícita de armas por tener a su disposición durante 30 horas el arma con el que se asesinó a Isabel Carrasco. De ahí que supone podría elevarse hasta los 14 años. Petición que también remarca la acusación particular ejercida por la letrada Beatriz Llamas.

Madre e hija

Libertad que también solicita el letrado de Triana Martínez, que asegura que la joven nunca participó en los planes de su madre y que por tanto es autora de un delito de encubrimiento impune. En su recurso, tacha de casualidad el encuentro con Raquel Gago y apunta a que la existencia de residuos de disparo entre el índice y pulgar de la mano derecha de Triana está clarísimo que se ha producido por transferencia del bolso.

En relación a Montserrat González, el letrado solicita que se aplique al delito de asesinato la eximente incompleta de trastorno mental con la rebaja de la pena en dos grados. José Ramón García García asegura que Montserrat desde hacía tiempo tenía la firme creencia de que su única hija era objeto de una auténtica persecución injusta por parte de la víctima Isabel Carrasco Lorenzo, sin embargo, el jurado no entendió probado que en el momento de los hechos sufría una trastorno de ideas delirantes.