León en Común acusa a la Junta de entorpecer las ayudas al alquiler

La Junta exige un resguardo bancario como justificante de pago, en el que debe constar el arrendatario como ordenante, el arrendador como beneficiario y en el concepto la indicación de que se trata de un alquiler seguida del mes en cuestión. En ningún caso la Junta acepta como válido un recibo de pago firmado por el propietario del piso, así como documentos bancarios en los que no conste alguno de los datos. León en Común cree que estos requisitos «buscan que la mayoría no pueda cumplirlos, quedándose así sin ayuda».

Los comunes denuncian que se quedarán sin ayuda todas las personas que pagan el alquiler en mano, «una práctica muy común y que es perfectamente legal», así como todas las personas que hayan pagado las rentas a través del banco pero que no hayan indicado alguno de los datos que exige la Junta. Como ejemplos, ponen los casos en los que no aparezca el mes de alquiler en el concepto a pesar de figurar la fecha de ingreso en el propio justificante bancario, o aquellos en los que no aparezca el propietario del piso como beneficiario aunque la cuenta corriente donde se ingresa esté a nombre del mismo.

Para León en Común todo esto obedece a una estrategia de la Junta de Castilla y León para no conceder la ayuda prometida. «La junta ya excluyó de la ayuda los alquileres entre personas con relación de parentesco, así que no tiene sentido que ahora no acepten, al menos, un recibo firmado por el propietario del piso», opinan desde LeC. Por ello piden a la Junta que «flexibilice los requisitos para asegurarse que ninguna persona que necesite la ayuda se quede sin recibirla por culpa de un exceso de burocratización».