La Audiencia defiende la imparcialidad de la Fiscalía en el ‘caso Larralde’ y desestima las cuestiones planteadas por las defensas

En el auto al que ha tenido acceso este diario, el magistrado-presidente Manuel Ángel Peñín niega la vulneración del derecho a una acusación pública imparcial al advertir de que la adhesión del fiscal a los recursos formulados por la acusación particular así como los encuentros de ambos letrados son intrascendentes y no implica la pérdida de la imparcialidad.

Asimismo, el magistrado niega la vulneración del derecho fundamental de la defensa de alguno de los siete acusados por el crimen de Roberto Larralde por no haber segundo otra línea de investigación, como así solicitaban las defensas. Es más, el magistrado entiende que no procede alegar otras líneas que ni la juez instructora ni los investigadores consideraron procedentes.

En esta misma línea, el magistrado echa por tierra el intento de anular la vaina percutida que se halló en el lugar del crimen al entender que el hallazgo 40 días después del crimen no puede implicar el extraer o expulsar dicha diligencia del procedimiento como se pretende con la declaración de nulidad.

Por su parte, sí entiende pertinente incorporar a la instrucción un informe balístico así como los informes de oficio al Ayuntamiento de León, el servicio de Bomberos y al centro penitenciario de Teixerio, dos nuevas periciales y la presencia durante el juicio oral de las tres vainas que sirvieron de comparación en los informes balísticos con la hallada en el escenario del crimen.

Tanto Ministerio Fiscal como acusación particular, ejercida por el letrado Marcos García Montes, acusaron a las defensa de poner trabas innecesarias al proceso judicial, pretendiendo introducir confusiones cuando los hechos están claros e intentando justificar un crimen por un ajuste de cuentas.

La acusación insiste en que el de Roberto Larralde es un crimen pasional, donde una señora que quiso matar a su marido directamente cuando vivía con él».

Previsiblemente, la vista oral se celebrará a primeros de año una vez que el magistrado haya dictado el auto de los hechos justiciables. La acusación solicita 25 años de prisión para los siete acusados por el delito de asesinato de Roberto Larralde el pasado 13 de septiembre de 2014.

El crimen

La instrucción del caso por el crimen del boxeador leonés Roberto Larralde ha concluido que hubo una emboscada para acabar con su vida. Fue el 13 de septiembre de 2014 cuando se fraguó un plan que terminó en un crimen atroz.

Según denunció ante la policía la familia, sobre las diez y media de la noche el teléfono de Roberto Larralde comenzó a sonar. Tras responder, éste comentó a su madre que debía salir durante un «breve» periodo de tiempo. Era 'ida y vuelta'.

En la familia, como se describe en el sumario, algunos miembros tienen vinculación con el tráfico de drogas, también con robos y otros delitos, y se investiga si el boxeador pudo ser objeto de un secuestro por esos negocios sucios. Su mujer, Miriam C., la madre de sus hijos y con quien lleva 16 años le denunció por malos tratos en 2010 y Larralde pasó siete meses en la prisión de Mansilla de las Mulas. Al salir de la cárcel volvió con su esposa y la pareja, pese a tener una orden de alejamiento, la incumplía sistemáticamente. Ella lo hacía amenazada por su marido y solían vivir juntos en casa de la familia de Roberto, al menos algunas temporadas, según consta en la causa.