Prospera la denuncia de Leon Air contra el Ayuntamiento de Burgos por un delito de estafa

Una supuesto adjudicación que anunció a los medios de comunicación en un acto en el que asistieron todos los miembros de la corporación a pesar de que nunca se entregó el contrato de adjudicación, lo que llevo a la suspensión de las operaciones el 28 de junio de 2015.

En documentos cruzados con los miembros del Ayuntamiento de Burgos se informa de que no se va a pagar nada por incumplimiento de contrato (contrato que no existe) y debido a ello, se origina un grave perjuicio económico y patrimonial ya que los precios de billetes pactados a la venta no llevaban aparejada compensación de las diferencias hasta su coste real.

Según apuntan desde la compañía leonesa, el consistorio de Burgos no ha contestado a ninguno de los requerimientos de la empresa y ha optado por el silencio y la negación de la existencia de tales relaciones.

Solo el daño patrimonial generado por el Ayuntamiento de Burgos a la aerolínea asciende a 274.042,22 euros. Tras la apertura de las diligencias, el Juzgado de Instrucción nº 4 de Burgos se inhibe de la tramitación y lo traslada a los Juzgados de León para su instrucción.

Principio y fin de León Air

Fue en mayo del 2015 cuando León Airlines inició sus operaciones desde el Aeropuerto de Burgos después de que el Consorcio del Aeropuerto de León descartase su oferta a favor de Air Nostrum. Un mes después, a finales de junio, la aerolínea anulaba la venta de billetes a partir del 2 de julio al no poder confirmar los vuelos chárter que tenía programados para destinos como Palma de Mallorca, Mahón, Alicante o Barcelona.

Era el preludio del fracaso de la operativa de vuelos de Villafría de un día para otro. Una situación que provocó una ola de reclamaciones de numerosos clientes por compensación tras la cancelación de los billetes.

Sin embargo, a primeros de julio desde el Ayuntamiento confirmaban que no existía contrato firmado al interpretar que el acuerdo alcanzado se suscribía a las bases del concurso de vuelos. Precisamente, Santos Álvarez, propietario de la aerolínea, pasó una factura de algo más de 50.000 euros al consistorio.

Se trataba de la subvención por volar durante los cerca de dos meses que el Ayuntamiento se negó a abonar. Ahora, prospera la denuncia por un delito de estafa que será instruida por un Juzgado de León.