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J.C.
Martes, 20 de septiembre 2016, 12:39
El juez Eloy Velasco, en el auto con el que da el primer paso para concluir la pieza del sumario sobre las irregularidades en la Diputación de León, deja al descubierto que fue la presidenta de la institución hasta su asesinado, Isabel ... Carrasco, quien pudo en práctica estrategias ilegales con el fin de mejorar su reputación en internet. Unas estrategias cuyo coste era abonado de forma íntegra por la institución provincial y con las que se saltaba no solo la legalidad sino que se evitaban los controles administrativos propios de una institución pública.
En concreto el juez detalla que la presidenta de la institución realizó pagos por un importe tota de 86.850 euros (IVA incluido) a la red que a través de un entramado de periodicos digitales 'zombies' replicaba sus noticias con el fin de que éstas lograran mejoras en su reputación digital.
Carrasco en sus círculos más próximos se mostraba extraordinariamente preocupada por esa reputacion después de que se descubriera el conocido como 'caso de los kilómetrajes'. Entonces, en la antesala de la cita electoral de 2011, trascendió de forma pública -con documentos que la implicaban de forma abierta- que la presidenta de la institución acudía a los consejos de administración de Caja España con el vehículo oficial de la Diputación Provincial, reclamando a continuación las correspondientes dietas como si tales desplazamientos los hubiera realizado en su vehículo particular.
Pagos en la Púnica
Ese 'patinazo' amenazaba su carrera política y la noticia había trascendido a través de la prensa digital, a la que no lograba controlar con pagos en publicidad. Carrasco veía así capital 'tapar' esas informaciones mejorando su reputación online y 'agitando' la misma a través de las redes sociales, algo a lo que se había comprometido la trama Púnica a través de su red de unos diarios que en realidad eran conocidos como 'muertos vivientes'.
El auto detalla que Púnica cobró durante 25 meses por 'lavar' la imagen de la política 'popular' antes de su muerte: de los 3.304 euros en agosto de 2012 a los 3.993 euros en noviembre del mismo año. En su conjunto la trama percibió un total de 105.000 euros hasta la intervención de la Audiencia Nacional.
Cuatro diarios creados 'ex profeso'
El magistrado destaca en su escrito que las empresas de la Púnica «realizaban informes no públicos de reputación de la persona que ocupaba el cargo de presidente de la Diputación, así como la promoción política del mismo».
En concreto para estos fines se habían crado cuatro diarios digitales en la provincia de León, León Actualidad, Noticias Ponferrada, Astorga Actualidad y Ahora Cistierna, todos ellos sin «actividad periodística real» y que se limitaban a 'replicar' las noticias que les remitían desde el gabinete de prensa de la Diputación. Según el escrito, esta actividad de crear «noticias de cobertura favorables del político para el cual estaba trabajando» se iniciaron en abril de 2012 y se extendieron hasta septiembre de 2014, un mes antes de las detenciones del caso Púnica.
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