En Común solicita medidas «urgentes» ante los «incumplimientos constantes» de la empresa del CTR

El escrito reclama también solicitar a la Comisión Europea y a la Junta de Castilla y León sendas auditorías completas de la gestión incluyendo cuantas inspecciones sean necesarias para no solo analizar, sino modificar «radicalmente» la gestión actual de los residuos sólidos urbanos de la provincia. Esta auditoría incluirá la gestión económica de la planta y el consorcio provincial, el nivel de cumplimiento de los objetivos y las razones por las que se han incumplido «reiteradamente», sobre todo en la vida útil de los vasos de vertido que ahora deben ampliarse y la gestión de soluciones transitorias hasta la puesta en funcionamiento del CTR que se pusieron en práctica durante su ejecución.

En el caso de existir incumplimiento de contrato por parte de las empresas, se insta a iniciar el proceso de denuncia ante los órganos jurisdiccionales competentes y al tiempo dar los pasos para gestionar de manera pública y directa las instalaciones de Gersul. También se pide solicitar a la Junta un informe sobre su participación en la financiación del resto de CTR existentes en la Comunidad, tanto con fondos propios como de la Unión Europea.

Por último, se propone iniciar el proceso para implantar un modelo de separación en origen en toda la provincia, que incluya la separación obligatoria de los residuos de origen orgánico e inorgánico. De hecho la Diputación Provincial exigirá a la empresa Legio VII que adapte la infraestructura de tratamiento de residuos sólidos urbanos en la provincia a la Ley Estatal, el Plan Autonómico de Residuos y a los objetivos del Plan Provincial. En caso de no hacerlo se aplicarán las medidas recogidas en el pliego de claúsulas administrativas particulares que regularon la concesión del sistema de gestión de los residuos sólidos urbanos en la provincia de León con el fin de recuperar la gestión pública del CTR.

Así se ha solicitado por la formación En común dada la situación generada por la gestión de la UTE Legio VII en el CTR de San Román de la Vega y por considerar que es la «única responsable» de los «incumplimientos» en los objetivos marcados por el Plan de Residuos provincial y autonómico. Esta gestión está marcada «por la eterna polémica» de denuncias y movilizaciones sociales dada la «desconfianza» generada en la población más cercana a la planta sobre la salubridad de la actividad.