El PSOE demanda información sobre la paralización de las sanciones urbanísticas

«Esta situación genera un importante agravio para las cuentas municipales y una impunidad total para los infractores, así como deja sin sentido la labor de inspección que realizan los servicios municipales», destacan los ediles del PSOE.

Los concejales socialistas apuntan la necesidad de que se elabore un informe sobre el quebranto que esta decisión de los concejales de Urbanismo y Personal ha tenido para las arcas municipales y que, estiman, supera los 150.000 euros teniendo en cuenta el número y cuantía de las infracciones sancionadas en los años inmediatamente anteriores a la suspensión de la labor sancionadora. Asimismo los ediles piden una reorganización urgente del personal adscrito a las concejalías para que una tarea esencial como la sanción de las infracciones no quede totalmente paralizada.

Los ediles socialistas ya pusieron de manifiesto esta irregular situación en el transcurso de las sesiones de la comisión especial de investigación, una situación que fue justificada por los concejales del Partido Popular en la falta de personal. «Entenderíamos que esa falta de personal justifique un retraso pero estamos hablando de casi dos años de paralización y de ninguna medida directa tras la denuncia expresa del PSOE, hablamos de una renuncia expresa a una función del Ayuntamiento que genera daño económico y agravio a los ciudadanos», apunta el edil Carmelo Alonso.

Pese a la petición de información, cursada hace más de un mes, el Grupo Socialista no ha recibido ningún dato sobre la apertura de algún expediente sancionador por las infracciones detectadas y denunciadas que, en este caso, corresponden de nuevo a la obra del concejal Pedro Llamas.

Según los datos a los que ha tenido acceso el grupo socialista, derivada de la información solicitada sobre la gestión de las infracciones y sanciones, en el año 2012 se incoaron 78 expedientes sancionadores, con una cuantía media de más de mil euros; en el año 2013, el número de sanciones se situó en 85 y una media ligeramente inferior, 900 euros. En 2014, ya tras la orden de los ediles del Partido Popular, el número de sanciones descendió a 9, y una media de 300 euros. En los dos últimos años solo se ha registrado el expediente abierto tras la denuncia del grupo socialista por la infracción del concejal de Comercio y Consumo.