68 entidades locales en León acuden a los mecanismos extraordinarios de financiación desde 2012

Fuentes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas destacaron a Ical, que la mayor parte de los municipios presentan unas cuentas saneadas y con superávit, por lo que el número de entidades que han acudido a estos instrumentos extraordinarios, es mínimo en relación al total.

Un informe del departamento que dirige Cristóbal Montoro indica que las entidades locales de Castilla y León remitieron 379 peticiones para acogerse a alguna de las nuevas medidas de liquidez diseñadas desde el Gobierno, con 14 modalidades a lo largo de esos año, con la consiguiente obligación de elaborar un plan de ajuste de sus cuentas en un plazo concreto (algunas localidades acudieron reiteradamente a estos mecanismos, como Peguerinos, en Ávila, que aparece como peticionario en seis programas -nuevos o modificados de anteriores-; y Santa Cruz de la Salceda, en Burgos; San Andrés del Rabanedo, en León; o Samboal, en Segovia, en cuatro).

En este contexto, desde 2012, permanecen abiertos 186 planes con dictamen favorable; se dieron por concluidos en su aplicación 121; y 71 se descartaron, con lo que el solicitante no pudo beneficiarse de las medidas de financiación. Completa las 379 peticiones el caso de Paredes de Nava, en Palencia, que solicitó en 2015, sumarse al Fondo de Ordenación y presentó el plan de ajuste pero finalmente no se adhirió ni formalizó así la operación de crédito, según explicaron fuentes ministeriales.

Por provincias, el mayor número de solicitudes de adscripción a estos planes se registró en Ávila, 75; seguida de León, 68; Salamanca, 59; Zamora, 46; Segovia, 42; Valladolid, 40; Burgos, 31; Soria, 15; y Palencia, 13.

Las entidades de la Comunidad que recurrieron a estos mecanismo, lo hicieron mayoritariamente para obtener fondos de alguna de las tres fases del programa de pago a proveedores y dentro de esta convocatoria, a la primera de 2012. Sin embargo, también se beneficiaron de la ampliación del periodo de reintegro de las liquidaciones negativas de 2008 y 2009; de la extensión a 20 años de los plazos de amortizaciones de los apoyos recibidos; mejora de las condiciones a diez años; del Fondo de Ordenación en sus diferentes variables; y de los acuerdos de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE).

Capitales

Segovia y Valladolid son las únicas capitales que no aparecen en el listado de planes de ajuste, mientras que Burgos, Palencia, Salamanca y Zamora, recurrieron al instrumento de pago a proveedores y ya han dado por concluido sus actuaciones de reequilibrio. Por el contrario, Ávila y Soria demandaron esos fondos, pero aún no han cerrado su programa de reequilibrio.

Asimismo, la capital leonesa, se acogió al de 2012 y al de ampliación a 20 años de los periodos de amortización de 2014, con planes concluidos, ya que en 2015 se sumó al Fondo de Ordenación, para entidades locales mayores en riesgo financiero y capitales, con un plan de ajuste (modificado del de 2014) que Hacienda admitió, pero condicionado, es decir, debía incorporar más medidas para equilibrar las cuentas vía gastos o ingresos.

Escasos planes

El grueso de las entidades locales que acudió a los mecanismos y mantiene vivo su programa de ajuste, lo hizo en 2012, ya que apenas una quincena con planes abiertos está adherida a instrumentos en 2013, 14 y 15. En concreto, en 2013, se dio luz ver de a los planes de ajuste de Terradillo (Salamanca), Tordehumos (Valladolid); y Rábano de Aliste (Zamora), para acogerse a la tercera fase del plan de pago a proveedores.

Asimismo y siempre según la base de datos publicada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en el año 2014, se dio luz verde al plan de ajuste del municipio leonés de Villablino y a los salmantinos de La Alberca y Vitigudino, para acogerse a la ampliación a 20 años del periodo de amortización.

En cuanto al año pasado, el departamento responsable de las cuentas en España, admitió condicionado el plan de ajuste de Coreses, en Zamora, para beneficiarse del Fondo de Ordenación de 2015. Asimismo, Hacienda emitió dictámenes favorables para que pudiesen utilizar este mismo Fondo de Ordenación, en sus diferentes variables, al Ayuntamiento de Peguerinos (Ávila); Cimanes del Tejar y San Andrés del Rabanedo (León); y Fermoselle (Zamora). Por último, en 2015 también se aprobó el plan de ajuste del Consistorio burgalés de Santa Cruz de la Salceda; el palentino de Castrejón de la Peña; y el segoviano de Samboal para acogerse a los acuerdos CDGAE.

León «cumple sin problemas»

El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de León, Agustín Rajoy, sentenció que el Consistorio de la capital leonesa cumple, sin problemas, el Plan de Ajuste 2012-2032 que aprobó en junio de 2014, y que le permite la financiación de 175 millones de deuda de los créditos ICO suscritos para el pago a proveedores. Las condiciones establecidas por el Ministerio de Hacienda para el mismo contemplan una ampliación del periodo de carencia en dos años y el periodo de amortización a 20 años (cuatro de carencia y 16 de amortización), con una reducción mínima del diferencial aplicable sobre el Euribor a tres meses.

Sobre ese plan, según recuerda Agustín Rajoy, se hizo un modificado en 2015 imprescindible para cumplir una sentencia judicial y poder encajar el pago de 10,6 millones de euros a la anterior adjudicataria del servicio de limpieza y recogida de basuras, Urbaser, en concepto de intereses por la deuda que acumuló el Consistorio con la compañía durante varios ejercicios.

Ese plan, en palabras de Rajoy, permite al Ayuntamiento ser sostenible financieramente, cosa que no había sido anteriormente y dibuja un escenario de cierto alivio para las arcas municipales. El Ayuntamiento se vio obligado a rediseñar el plan y cumple los requisitos planteados por el Ministerio de Hacienda.

Vitalidad económica

Por su parte, fuentes municipales del Ayuntamiento de Ávila, explicaron, que a raíz del plan de ajuste de 2012 se pidieron al ICO diez millones, y 1,2 millones más en 2013. Esto se configuró en once préstamos con diferentes entidades bancarias. Hasta ahora de estos préstamos sólo se han pagado las cuotas correspondientes a los intereses, la penúltima se abonó el 28 de mayo, y la última es para agosto. A partir de ese momento se empezarán a pagar las cuotas de intereses y el principal. De hecho hasta el 2023 no se terminará de pagar.

Para el Ayuntamiento, este mecanismo extraordinario sirvió para aumentar su deuda, que a finales de año quedará en los 35,3 millones de euros (de los 39,5 que empezamos el año), que permitió atender muchos de los pagos pendientes que había con proveedores, dando vitalidad económica a los empresarios proveedores de los ayuntamientos.

Deuda controlada

En su caso, desde el Ayuntamiento de Soria, el concejal de Hacienda, Javier Muñoz, aclaró a Ical, que en su momento, suscribieron el plan de pago a proveedores, conocido como Plan Montoro, por 8,3 millones de euros y ligado al mismo un plan de ajuste. Este plan de ajuste, aseguró, finalizó en noviembre de 2014 dada la estabilidad económica del Ayuntamiento , pero dio paso a un plan de reducción de deuda, que es el que están llevando a cabo en la actualidad bajando anualmente a deuda municipal que ahora mismo se encuentra en los 26.096.764 millones de euros.

Esa cifra corresponde, dijo, a la deuda financiera, de la que 6,7 millones proceden del plan de pago a proveedores, con lo que la amortización realizada ya es de 1,5 millones y la previsión es cerrar 2016 en 5,6. El Ayuntamiento pasó del plan de ajuste al plan de reducción de deuda en noviembre de 2014 tras el visto bueno del propio Ministerio, que es quien fiscalizaba trimestramente las cuentas municipales, resumieron.

El equipo de Gobierno, según el concejal, siempre ha considerado que la deuda controlada y planificada es una herramienta para la gestión que ha permitido salir del plan de ajuste sin haber tenido que sacrificar por el camino, como sí han hecho otras administraciones, personal, servicios, inversión o volumen de actividad. Siempre hemos apostado por un Ayuntamiento activo y dinamizador, sobre todo cuando la ciudadanía más lo necesita, y lo hemos hecho con un plan económico detrás como se puede ver, destacó el concejal del área.

Salir del pozo

Dentro de los pequeños ayuntamientos, el de Peleas de Abajo (Zamora), que saltó hace unos años a la primera línea informativa nacional al convertirse en el pueblo más endeudado de España, no lo tenía fácil para corregir la desesperada situación económica de la localidad pero su alcalde, Félix Roncero, no se dio por vencido y exhibió una gran capacidad negociadora para intentar sacar del pozo económico a la localidad.

Fuimos negociando poco a poco toda la duda, empezando por el Plan de Proveedores que lo pagó el Gobierno. Había un alto porcentaje de proveedores con sentencias firmes a favor pero como todo estaba embargado por Caja España no podían cobrar, al no haber bienes ni ingresos. La deuda subía porque había que cargarle las costas del juicio y los intereses, lo que suponía 1,3 millones, según nuestra estimación, explicó el regidor a Ical. Eso conseguimos reducirlo de la deuda porque Montoro, para hacerse cargo de nuestras facturas, obligó a firmar que solamente iba a cobrar el principal, renunciando a costas e intereses, añadió.

En 2015, tras haber sacado el Gobierno un Real Decreto para echar una mano a ayuntamientos en situación excepcional, el Consistorio consiguió también renegociar la deuda con la Seguridad Social, cuya pretensión de que se amortizase a siete años era imposible de cumplir, según Roncero. Al final, hicimos todos los trámites para amortizarla a diez años y, aunque muy justos, nos encaja. En el intervalo en el que se aprobó, pasaron diez meses y, como la deuda se había incrementado, ese aumento tuvimos que volver a meterlo en ese Real Decreto y nos lo aprobaron, añadió.