El Ayuntamiento busca 'una salida' para el control laboral por huella digital, inactivo desde hace dos años

La inversión está realizada, los elementos para el control dactilar se encuentran instalados y el sistema es «técnicamente operativo» pero la realidad es que el sistema de huella digital para el control de horario de los funcionarios municipales lleva dos años sin poder ser utilizado.

De ahí que el Ayuntamiento de León busque una solucion para una situación calificada de «atípica». La aprobación del sistema de huella digital para el control de los trabajadores fue acordada por el último equipo de gobierno municipal. Entonces, con Nuria Lesmes como responsable del área y Emilio Gutiérrez como alcalde, se acordó realizar una inversión de 20.000 euros en la mejora de los controles.

Esta nueva herramienta de gestión y control de los trabajadores sin posibilidad de margen de error se implantó de forma efectiva en los inmuebles de Ordoño II, San Marcelo y Don Gutiérrez, dejando a 500 trabajadores bajo su supervisión.

Posible multa

La adjudicataria del contraro, ZP Informática S.L., debía asumir todos las acciones vinculadas al sistema de huella digital pero la realización de esas medidas chocó frontalmente con la representación laboral, quien decidió pleitear al entender que con este sistema se vulneraba la Ley de Proyección de Datos.

Fue el sindicato Asial quien con una enorme contundencia aseguró que la aplicación de la huella digital se estaba realizando «completamente al margen de la ley y, por tanto, de forma claramente fraudulenta», amenazando con reclamar sanciones que podrían llegar a los 300.000 euros de multa.

Sólo con consenso

La demanda supuso la paralización de la aplicación del nuevo modelo para 'fichar' y desde entonces los lectores de huellas digitales pasan un día tras otro en las dependencias municipales sin que nadie acuda a su utilización.

En el seno del Ayutamiento se advierte de que «antes o después habrá que buscar una solución» pero por el momento la misma sólo será factible «si hay consenso» entre las partes y eso supone que los trabajadores, sus representantes y los responsables del área acuerden la aplicación legal y efectiva de un sistema que sigue en 'stand by' desde 2014.