La Junta ampliará el número de plazas de la residencia de Armunia tras el «desbloqueo» del PSOE en las Cortes

La licitación es consecuencia directa de la iniciativa del PSOE de León en el Parlamento autonómico para desbloquear una situación de parálisis que duraba ya varios años. La proposición no de ley presentada por el PSOE y defendida por la procuradora leonesa María José Díaz-Caneja, para adaptar la residencia de Armunia a personas dependientes, logró el pasado 6 de abril la unanimidad de todos los grupos políticos en el pleno de las Cortes. Así, se instó a la Junta de Castilla y León «a continuar durante la presente legislatura con el proceso de reconversión de plazas de la residencia para personas mayores de Armunia, hasta conseguir que todas sus plazas estén adaptadas para personas dependientes, incorporando a partir del próximo año, las plazas que allí se ubican a la oferta de plazas de residencia pública de la comunidad autónoma».

Dos plantas de la residencia de Armunia permanecen cerradas desde finales del año 2012, cuando la Junta de Castilla y León programó reconvertir 120 plazas de 'válidos' en 'dependientes', acometiendo para ello obras de remodelación que aún no se han realizado.

María José Díaz-Caneja se congratuló de que la propuesta presentada por el Grupo Socialista en las Cortes haya comenzado a dar sus frutos ya que ello permitirá «aliviar la espera de muchas familias». Agregó que, por ello, «deben realizarse sin más demora las obras de acondicionamiento de las plantas cerradas desde el año 2012 y en muy malas condiciones de habitabilidad debido a su abandono».

La parlamentaria autonómica por León recordó la comparecencia de la consejera de Familia, Alicia García, en las Cortes donde se comprometió a potenciar la atención a las personas mayores y a avanzar en la conversión de plazas residenciales de centros de personas válidas en plazas para personas dependientes. También reseñó al Procurador del Común, que, en sus informes anuales, «aboga por satisfacer las necesidades existentes mediante una adecuada planificación de los recursos necesarios para dar cobertura a la demanda real insatisfecha, de modo que la situación de crisis no debe traducirse en un recorte de los servicios establecidos como esenciales».