La crisis lamina a la clase media

En concreto, entre los años 2004 y 2013, la población española situada en los estratos medios de renta (entre el 75% y el doble de la mediana) se redujo desde el 58,9% hasta el 52,3%, mientras que el peso de los estratos más bajos aumentó del 31,2% al 38,5%. Las clases altas, mientras, mantuvieron prácticamente inalterada su posición (del 9,9% al 9,2% en los nueve años contemplados).

Con 1,03 millones de hogares en los que viven 2,43 millones de personas, Castilla y León concentra el 5,3% de la población de España. Sin embargo, esa pérdida de 6,6 puntos de clase media que establece el informe ha sido algo menor en el caso de la comunidad autónoma, ya que la renta disponible de los hogares se ha reducido por debajo de la caída media, lo cual ha atemperado el incremento de la desigualdad, según los datos del informe.

Así, mientras la renta disponible por hogar ha disminuido en el conjunto de España desde el techo de 27.560 euros del año 2007 a los 22.146 de 2103, es decir el 20%; en Castilla y León (donde la renta es el 3,5% inferior a la media nacional), el retroceso ha sido del 15,8%, hasta los 21.379 euros de 2013.

Impacto desproporcionado

De manera simultánea, la Fundación BBVA y el IVIE explican que «la crisis no solo ha generado una disminución considerable en los niveles de vida de los ciudadanos, medidos por su renta disponible, sino que esta disminución no se ha repartido de forma proporcional en el conjunto de la sociedad». Los índices de desigualdad son relativos, es decir, independientes de los niveles de renta. En la práctica esto quiere decir que en periodos de depresión, si la caída en la renta agregada se repartiera de forma proporcional entre la población, observaríamos caídas en el nivel medio de renta, pero con una distribución estable. «Pero si además de observar caídas en la renta per cápita advertimos incrementos en la desigualdad, medida por índices relativos, es porque la carga de la crisis no se está distribuyendo de forma proporcional entre los diferentes estratos de renta». Esto es lo que ha sucedido: «que los estratos inferiores están sufriendo con mayor intensidad las caídas de renta asociadas a la crisis».

El indicador de Gini, utilizado por los economistas para medir la desigualdad (0 representa una equidad perfecta, mientras que un índice de 100 significa una desigualdad absoluta) era del 33,7 en España en el periodo 2003-2007 y del 36,6 en el periodo 2008-2013. En Castilla y León es inferior en los dos casos, en concreto de 32,7 en el primero y de 34,4 en el más reciente. Es decir, ha subido 2,9 puntos en el conjunto del país y 1,7 en la comunidad.

La pérdida de integrantes en la clase media castellana y leonesa, así pues, no ascendería a ese más del 6% que cifra el estudio para toda España, sino que habría sido algo menor, es decir, de unas cien mil personas.

Brecha abismal

En realidad, el dato no puede pillar a nadie por sorpresa. Del desplome del poder adquisitivo de la población regional y del agrandamiento de la brecha entre clases sociales son numerosos los indicios aportados por encuestas y estadísticas en los últimos tiempos. A finales del año pasado, el INE revelaba que mientras en 2007 los directivos de la comunidad autónoma recibían un sueldo medio siete veces más elevado que los obreros (3.550 euros brutos al mes frente a 501) en 2014 había pasado a ser once veces más alto, porque mientras los primeros han visto cómo sus ingresos subían el 25%, hasta 4.556 euros, a los segundos se los han bajado el 17%, hasta 416 euros de media, una cantidad inferior a la Renta Garantizada de Ciudadanía.

El escenario dibujado por el Decil de salarios con los datos de la EPA de 2014 no hace sino cuantificar la magnitud del ensanchamiento de las desigualdades y el empobrecimiento de los trabajadores de los escalafones más bajos. Alrededor de 75.000 personas de la comunidad autónoma cobran menos de 655 euros brutos mensuales; otros tantos perciben entre esa cantidad y 973 euros y 75.000 más están entre 973 y 1.221 euros. En total son 225.200 asalariados de Castilla y León (el 31,7% del total, frente al 30% que representan en el conjunto de España) que no llegan a mileuristas, una vez aplicadas a sus retribuciones las retenciones fiscales y las cotizaciones a la Seguridad Social. Un año antes eran el 27,5%, es decir cuatro puntos menos, y aún colocaban a Castilla y León por debajo de la media nacional.

Ingresos ínfimos

La clase media, integrada tradicionalmente por quienes disponen de una renta situada entre el 75% y el 150% del promedio se ha convertido en una quimera para quienes se incorporan al mercado laboral con los nuevos salarios. En realidad, para estos acceder a la clase media es algo a todas luces inalcanzable, cuando a duras pueden aspirar a salir de lo que, según criterios europeos, es el umbral de la pobreza: 663 euros mensuales por persona, que es el 60% de lo que ingresa el individuo que tiene a la mitad de los españoles por encima y a la otra mitad, por debajo. Con este criterio, uno de cada cinco habitantes de Castilla y León o, dicho de otro modo, 510.000 personas, entran en la categoría de pobres.

Yno hablamos solo de desempleados (112.000 de ellos no perciben ninguna prestación o subsidio),o pensionistas (180.000 de los 600.000 que hay en la región, muchos de ellos con familiares a su cargo, ingresan menos del salario mínimo, es decir 655 euros). También hay un buen número de asalariados con uno o varios contratos a tiempo parcial, generalmente también temporales, que suponen ya el 18%. Más de 150.000 trabajadores a quienes estar ocupados no libra del riesgo de la pobreza y la exclusión social.

El estudio del BBVA y el IVIE explica cómo durante la crisis ha aumentado la importancia del papel compensatorio de lo que denomina «las políticas públicas» que no es otra cosa que el estado del bienestar en la renta de los hogares, como consecuencia del retroceso de los ingresos proporcionados por los mercados (de trabajo y de capitales).

«La impresión que predomina es que las políticas públicas han perdido fuerza redistributiva, pero en realidad lo que ha ocurrido es que no han compensado por completo los cambios que la crisis y el deterioro del empleo han provocado en la distribución de la renta entre los hogares», señala Francisco Goerlich, catedrático de la Universidad de Valencia y autor del informe.

Efecto redistributivo

El informe señala que la causa principal del trasvase de la clase media a la inmediatamente inferior es que alrededor del 75% de la renta disponible de los hogares españoles procede del trabajo. En 2007, Castilla y León tenía 83.100 personas en paro. Dos años después eran 165.800 y en 2013, año de cierre del estudio de la Fundación BBVA y el IVIE, la comunidad contaba con 254.700 desempleados, justo el triple.

Los efectos redistributivos de las políticas públicas se producen mucho más por el lado de los gastos (transferencias monetarias y servicios públicos gratuitos) que por el de los ingresos (impuestos directos), señala el informe. En concreto, la mayor reducción de la desigualdad se debe al sistema de pensiones (en 2013, el 46% del efecto total), porque suponen un volumen de gasto muy elevado y ofrecen ingresos a muchos hogares cuyos miembros no tienen actividad laboral. La segunda política de gasto en importancia es la de servicios públicos, que contribuye en un 27% (15% sanidad y 12% educación) a la reducción de la desigualdad que realiza el sector público. La contribución de las prestaciones por desempleo y resto de prestaciones sociales representa el 19%. El sistema fiscal, por su parte, tiene un efecto redistributivo modesto (el 8% del efecto total de las políticas públicas en 2013, tras ir perdiendo peso).