El juzgado de Instrucción nº2 acepta la querella del fiscal contra Fermín Guerrero por su misteriosa desaparición

El pasado 16 de abril el fiscal se querelló contra el letrado al entender que había incurrido en un delito de obstrucción a la justicia por su incomparecencia a la vista del pasado 27 de enero del juicio por el crimen de la dirigente política Isabel Carrasco.

En declaraciones a este diario, Emilio Fernández remarcó que el letrado de la agente Raquel Gago dejó voluntariamente de comparecer, sin justa causa, ante un juzgado o tribunal en proceso criminal con reo en prisión provisional, provocando la suspensión del juicio oral.

Un delito que, conforme al artículo 463 del Código Penal, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 24 meses, la mitad superior y la inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio de entre dos a cuatro año en caso de que el responsable sea un abogado, procurador o representante del Ministerio Fiscal, como atañe este caso.

Requisitos que, según ha señalado el fiscal, cumple la ausencia de Fermín Guerrero de la que, según recuerda, aún no ha visto ningún documento en el que el letrado exponga una explicación de por qué no compareció en la Audiencia Provincial y estuvo desaparecido durante 20 horas.

Precisamente en la jornada de este jueves y coincidiendo con la admisión de la querella, el letrado de la agente Raquel Gago, ha comparecido en el Juzgado de León aunque su visita estuvo motivada por otros asuntos. Por el momento, no hay señalamiento alguno para la comparecencia del letrado.

Actuación «incorrecta»

Durante la celebración del juicio, Fernández solicitó tanto la deducción de testimonio como la apertura de una causa aparte. Sin embargo, el magistrado presidente, Carlos Álvarez, optó por abrir un expediente disciplinario que derivó en una multa de 1.000 euros.

Multa que, a juicio del fiscal, denota que la justificación que presentó al juez, no debió de ser suficiente «porque aun así le exige el pago de 1.000 euros». Justificación que nunca ha llegado a manos del fiscal porque «son datos personales», según le trasladó en su día el magistrado-presidente.

Sin embargo, el fiscal insiste en que los hechos de Fermín Guerrero son constitutivos de un delito y que es necesario que el letrado presente una justificación. «No es nada personal, tan sólo creo que no tuvo una actuación correcta y que nos debe a todos una justificación que debe ser una justa causa como establece el código penal».