El último combate de Roberto Larralde

Casado y con dos hijos menores, Larralde recibió un disparo mortal por la espalda cinco días antes. Se fue precipitadamente de la casa de sus padres tras recibir una llamada la tarde-noche del sábado. Dijo que había quedado y que volvería en un rato. Fue la última vez que lo vieron y esa misma madrugada denunciaron su desaparición.

Las piezas del crimen comenzaron a juntarse horas después tras interrogar a la persona que hizo esa llamada, José Ramón V., cuya coartada no resultó convincente, y a la esposa del fallecido, Miriam C., que se encontraba de viaje en Madrid con dos amigas y un varón cuando ocurrieron los hechos. Tras estas declaraciones las detenciones se precipitaron. Y en poco más de un año la juez cerró la instrucción con el visto bueno del fiscal. Procesaron a siete personas por urdir el plan del crimen, quienes se enfrentan a penas de prisión de hasta 27 años por delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas.

Para los investigadores de León no había dudas: el móvil del crimen fue pasional. La esposa y el hombre que le acompañó a Madrid, Julio L., que se cree que era su amante, idearon supuestamente el asesinato. La juez concluyó que este empresario maderero se puso en contacto con el presunto autor material, José Ramón V., amigo a su vez de la víctima, a quien conoció en prisión en 2010 cuando el boxeador cumplía una condena por malos tratos a su mujer. Dos extrabajadores de la maderera le ayudaron a ejecutar el plan. Mientras que los otros dos procesados fueron quienes entregaron el arma como cooperadores necesarios.

«Debemos ir juntos»

Tanto Julio como José Ramón siguen en prisión preventiva. Miriam, en cambio, está en libertad con medidas cautelares y vive en el País Vasco, custodiada por la Ertzaintza, por miedo a represalias del clan Larralde. El sumario detalla que, tras el crimen, la familia de Roberto ajustó cuentas con Miriam, a quien la policía logró rescatar de su casa con la nariz rota. También se han notificado agresiones a terceras personas, intentos de secuestro y hasta el incendio de una vivienda en León.

El temor de las fuerzas de seguridad a que pueda haber represalias y enfrentamientos entre allegados de los implicados obligó a reforzar el dispositivo en los juzgados cada vez que comparece algún acusado. Un pánico velado que ha acompañado a todos los protagonistas del caso.

«Pocos días después de aparecer el cuerpo, la Policía presentó un informe con la reconstrucción del crimen y de ese guión no se ha movido ni la juez ni el fiscal. Creo que el asunto se cerró en falso por miedo a la familia del fallecido. Para mantener la paz social», afirma el abogado Fernando Pamos de la Hoz, defensor del presunto inductor del asesinato, el empresario Julio L.

El letrado alega que hay dos testimonios que sitúan a Larralde la noche de su desaparición participando con terceras personas en el supuesto robo de unos contenedores con colonias. «Esta causa paralela fue archivada por la misma juez, que ni siquiera cruzó datos, pese a que el fallecido estuvo antes con el presunto autor material en diversos atracos a narcos y camiones con mercancía. Pudo haber algún conflicto derivado del hurto y alguien lo mató, lo que nada tiene que ver mi defendido, que estaba en Madrid», asegura el abogado, que añade que su cliente no iba a casarse con la amante.

Pero la cosa no acaba aquí. El pasado 15 de enero este abogado mandó un escrito al fiscal jefe de León en el que solicitó la recusación del acusador público en la causa, Juan José del Río. Denunció su interés directo en el caso y la amistad con el abogado de los Larralde, Marcos García Montes. La razón es una conversación entre ambos grabada por un micrófono abierto antes de que comenzara una declaración judicial. El fiscal le dice en un tono de tuteo a García Montes que deben «ir juntos» en la acusación y que se va a «adherir» a todo, incluso a un «careo» que no había pedido entre la mujer del boxeador y una testigo clave.