Raquel Gago, a su llegada a la Audiencia Provincial.

Raquel Gago tendrá cuatro días hábiles para presentar una fianza “real” de 30.000 euros

El juez entiende que el certificado de la vivienda de la policía no “cumple con los requisitos exigidos” y emplaza al letrado Fermín Guerrero a subsanar el defecto

A. Cubillas

Martes, 22 de marzo 2016, 19:49

Raquel Gago tendrá cuatro días hábiles para entregar una fianza real de 30.000 euros. Así se lo ha notificado este lunes el presidente-magistrado Carlos Javier Álvarez a todas las partes del juicio por el crimen de la dirigente política Isabel Carrasco.

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Según el ... escrito al que ha tenido acceso este diario, el magistrado insta al letrado Fermín Guerrero a subsanar el defecto observado en el escrito presentado el pasado 4 de marzo, dentro del cuarto de los ochos días concedidos para presentar la fianza interpuesta por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de León para garantizar su libertad provisional.

Un escrito en el que presentó como aval un certificado de Caja Rural de Zamora donde se detalla el importe concedido de préstamo hipotecario y el saldo vivo del mismo a la fecha de la vivienda de la agente de la Policía Local de León que, según señaló el juez en su escrito, no cumple con los requisitos de forma exigidos.

Por ello, solicita al letrado de Gago que en el plazo de cuatro días hábiles otorgue escritura pública notarial en el que se constituya dicha hipoteca ofrecida, debiendo proceder de inmediato a su inscripción en el registro de la propiedad, lo que deberá posteriormente acreditar ante este Tribunal.

Asimismo, también ofrece la posibilidad de que pueda entregar dicha hipoteca apud acta ante el letrado de la administración de Justicia en los términos de dicho precepto, librándose entonces por éste último el correspondiente mandamiento para su inscripción registral.

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Las acusaciones particulares solicitaron el ingreso inmediato a prisión de Raquel Gago, condenada a cinco años de prisión por un delito de encubrimiento y tenencia ilícita de armas, por entender que su aval no justifica ni garantiza de modo alguno el pago de los 30.000 euros.

De esta forma y con este documento, el presidente-magistrado da un nuevo margen a la policía local para evitar su ingreso en prisión.

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