La acusación urge el regreso inmediato a prisión de Gago tras no presentar una fianza ‘ejecutable’ de 30.000 euros

El letrado de la agente de la policía local condenada a cinco años de prisión por un delito de encubrimiento y tenencia ilícita de armas presentó como aval un certificado de Caja Rural de Zamora donde se detalla el importe concedido de préstamo hipotecario y el saldo vivo del mismo a la fecha de su vivienda.

Un documento que, según señalan los letrados, no justifica o garantiza de modo alguno el pago de los 30.000 euros de fianza que se solicitaron para confirmar el estado de libertad provisional de Gago por ser una fianza ilusoria.

Es más, según señalan en su escrito, cabe la posibilidad de que Raquel Gago dejase de abonar ese préstamo hipotecario y que la entidad bancaria lo ejecute lo que confirma con total claridad que el aval que quieren prestar el ficticio. Simplemente no existe. Además, continúan, tampoco se ha cumplido por parte de la representación legal de Raquel Gago con el requisito previsto para una fianza hipotecaria como es la presentación de una tasación real de la vivienda.

De ahí que insistan en que en el caso de Raquel Gago no se ha presentado una fianza real ni cumple con los requisitos legalmente previstos que garanticen esa disponibilidad de dinero en metálico de forma inmediata, es decir, de los 30.000euros de fianza impuestos para poder continuar con la libertad provisional, después de tener una sentencia condenatoria.

Por ello, al no haber cumplido con estos requisitos, las acusaciones remarcan que la agente deberá ser condenada a volver a prisión de manera inmediata e instan a la Sala a no aceptar la ficción de la garantía de una vivienda hipotecada" ya que no garantiza la inmediata disponibilidad del dinero ni la futura ya que puede ser ejecutada y desaparecer la anotación en el registro de la propiedad, debiendo de prestar otra fianza o aval real y, si no fuera así, volver de inmediato a prisión.

Nuevo revés

Nueva ofensiva de la acusación en el caso Carrasco después de que la Audiencia Provincial desestimase el recurso de súplica por el que solicitaba el ingreso en prisión de Raquel Gago, conforme al veredicto de culpabilidad emitido por el tribunal jurado y la gravedad de las penas que pesaban sobre ella que inicialmente iba a representar una condenada de entre diez y quince años.

Sin embargo, en un nuevo revés de este caso, el presidente-magistrado absolvió a la policía de un delito de asesinato en calidad de cómplice al entender que el jurado popular no dispuso de prueba directa que señalase su participación en el crimen de la presidenta de la Diputación, limitándose su papel al de encubridora por conocer y aceptar el plan homicida y a comprometer su colaboración exclusivamente para un momento posterior a la ejecución del hecho.