Varsovia descalifica el apoyo a la UE y tilda al 'polexit' de «mito dañino»

Asunto «de gran complejidad» que no permite «tomar decisiones a la ligera» y sobre el que, al menos de momento, no se desvela cómo se va a proceder. Ni tan siquiera se confirma si el asunto estará en la agenda del Colegio de Comisarios de esta semana ni se avanza un posible debate al más alto nivel en la cumbre de líderes que se celebrará la próxima semana. Pero muchos dan por hecho que el conflicto planeará sobre ambos encuentros dada la polémica que ha levantado y su importancia, cuando menos, para el futuro 'moral' de la Unión.

La cautela preside la acción del Ejecutivo comunitario incluso tras las manifestaciones en un centenar de ciudades en las que este domingo más de de 100.000 polacos mostraron su adhesión a la UE. Las protestas obligaron este lunes al Gobierno oficialista a subrayar que el abandono del espacio comunitario no entra en sus planes. Pero además, el Ejecutivo dio la vuelta a las movilizaciones y las enmarcó en una estrategia de acoso y derribo por parte del principal partido de la oposición: la Plataforma Cívica que lidera el expresidente del Consejo Europeo Donald Tusk. El primer ministro, Mateusz Morawiecki, equiparaba la amenaza del 'polexit' con una «fake news». «Este es un mito dañino que la oposición usa para reemplazar su falta de ideas sobre la posición apropiada de Polonia en Europa», aseguró.

Morawiecki también intentó restar importancia al fallo judicial del Tribunal Constitucional polaco que se produjo el pasado jueves, asegurando que «se han emitido sentencias similares en Francia, Dinamarca, Alemania, Italia, la República Checa, España o Rumanía. En esos países se afirmó que las instituciones de la UE a veces van más allá de los poderes que les confieren los tratados, chocando con las constituciones nacionales», planteó.

Un argumento que desmonta la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Katarina Barley. «A diferencia del tribunal alemán (en referencia a la corte de Karlsruhe, que falló contra la compra de deuda por parte del BCE), el polaco no evaluó un caso específico, sino que dictó una sentencia general y declaró que ciertas disposiciones del Tratado Europeo son incompatibles con la Constitución. Ningún Constitucional en Europa ha hecho algo así -declaró Barley-. Además, en su sentencia los jueces alemanes destacaron repetidamente la superioridad del Derecho de la UE sobre el nacional». La Comisión inició el pasado verano un procedimiento contra Alemania por este caso. «No puedo imaginar que en estas circunstancias Polonia recibiera dinero del fondo de recuperación», apostilló la vicepresidenta.

La Comisión Europea, que ha acusado en numerosas ocasiones a Varsovia de socavar la independencia judicial y reforzar el control político sobre los magistrados, prepara las herramientas de respuesta, convencida, como este lunes planteaba uno de sus integrantes, el francés Thierry Breton, de que «ni por un segundo» se va a producir ese temido 'polexit'. Tendría un perjuicio incalculable para uno de los grandes receptores del maná europeo, que tiene asignados unos 100.000 millones de euros en distintas partidas los próximos años.

Cerrar el grifo de la financiación parece, en cualquier caso, la respuesta más inminente de Bruselas al desafío polaco: un fallo éste que, en cualquier caso, no será efectivo hasta su publicación en el Boletín Oficial del país y que el Gobierno podría retrasar para mantener abierta la vía negociadora y (simultáneamente) presionar a Bruselas.

Hoy por hoy, el Gobierno de Morawiecki parece tener solo un aliado: el ultraconservador húngaro Viktor Orban, tal y como era previsible. Por contra, el rechazo entre el resto de gobernantes de la UE es generalizado. Los ministros de Exteriores de Francia y Alemania ya avisaron a Polonia en una declaración conjunta que tiene la «obligación legal y moral» de cumplir con las reglas comunitarias.

Sea como fuere, lo más evidente es que continuará en el aire el dinero del plan de recuperación que el país presentó el pasado 4 de mayo y que demanda 23.900 millones de euros en subvenciones y 12.100 millones más en préstamos para inversiones hasta 2026. Bruselas somete ese proyecto, como el de Hungría, a una revisión tan estricta que ya hace meses se leía entre líneas su intención: forzar a ambos países a cumplir con los estándares europeos del Estado de derecho.

A partir de ahí se espera que entre en juego la cláusula de «condicionalidad», que realmente funciona desde el 1 de enero, pero cuya activación ha venido retrasando la Comisión para forzar un entendimiento y que en el caso de Varsovia va muy ligada al reconocimiento de la primacía del Tribunal de Justicia de la UE sobre sus tribunales nacionales. La cláusula, por cierto, llevó a los dos países a presentar un recurso ante el alto tribunal europeo, que este lunes lo comenzó a estudiar. Mientras tanto, los magistrados polacos insisten en la legitimidad de su decisión. La presidenta del Supremo, Malgorzata Manowska, dijo este lunes en una entrevista en el diario 'Dziennik Gazeta Prawd' que «la organización del Poder Judicial no le ha sido otorgada a la UE» y «estamos siendo testigos de intentos de ampliar el ámbito de influencia de las instituciones europeas».