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I. Ugalde
Miércoles, 6 de octubre 2021, 18:54
El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha vuelto a salir al paso de la deriva autoritaria del régimen de Polonia contra el poder judicial. En una sentencia histórica que vuelve a frustrar los planes del presidente Jaroslaw Kaczynski, el alto órgano –con sede ... en Luxemburgo– declaró ilegal ayer el traslado de magistrados sin su consentimiento. Esta medida impuesta por las autoridades de Varsovia busca que los jueces no puedan pronunciarse así sobre determinados procesos, lo que según el fallo «puede ser una forma de ejercer un control sobre sus decisiones» y equivaldría a «una sanción disciplinaria».
La Justicia europea subrayó en su escrito que las prácticas de Polonia atentan contra el principio de inamovilidad de los jueces y perjudican a la independencia de este órgano. Esta decisión se suma a otras que han puesto freno al Gobierno, el cual se expone a multas millonarias si no da marcha atrás en cuestiones como un controvertido régimen disciplinario que aplica desde febrero su Corte Suprema y que, en la práctica, se encarga de vigilar a los jueces e incluso puede quitarles su inmunidad para que afronten cargos penales y reducir sus sueldos.
En riesgo las ayudas europeas
El fallo de ayer del TJUE es otra respuesta en favor de la separación de poderes después de que dicho órgano fuera consultado sobre el caso de un juez polaco que fue obligado a trasladarse a otra división del mismo tribunal regional. Tras lo ya señalado, los magistrados europeos incidieron en que el principio la protección judicial efectiva de los derechos individuales es parte esencial del ordenamiento de la UE y figura en la Convención sobre protección de derechos humanos y libertades fundamentales.
Las polémicas medidas aplicadas por Polonia hacen peligrar que reciba las ayudas europeas del fondo de recuperación frente a la pandemia, con el que espera que se le destinen hasta 36.000 millones de euros. La Comisión, sin embargo, le exige de antemano que demuestre que el dinero se empleará conforme al respeto del Estado de derecho.
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