Salvador Arroyo
Bruselas
Miércoles, 17 de abril 2019, 13:38
Son demasiados intereses en juego, demasiadas empresas con negocios en la isla, muchos de capital español y vinculados al turismo, para que la UE cruce los brazos o se bloquee. Así que ha optado por poner pies en pared y lanzar una ofensiva contra la ... amenaza de Donald Trump de endurecer el embargo a Cuba y, mas en concreto, de resucitar con efecto desde el 2 de mayo el título III de la conocida como Ley Helms-Burton, que permite denunciar ante los tribunales estadounidenses a compañías que se hayan beneficiado de bienes expropiados en la Revolución castrista de 1959.
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La respuesta de Bruselas se ha estructurado en dos frentes. El primero, diplomático, comenzó a construirse hace escasamente una semana, apenas seis días después de que el mandatario estadounidense abriera la puerta a una fórmula de presión que perjudicaría directamente a los hoteles de las grandes cadenas españolas implantados en terrenos nacionalizados. Mediante una carta dirigida al secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, y la comisaría responsable de Comercio, Cecilia Malmstrom, lanzaban un primer aviso. Si las empresas europeas no quedan «totalmente» excluidas de esa medida coercitiva, «la UE se verá obligada a utilizar todos los medios a su disposición, incluso en cooperación con otros socios internacionales, para proteger sus intereses» en Cuba. Y eso se traduce, según se recoge en la misiva, en una denuncia efectiva ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Pero también en la opción de responder con las mismas armas a ese nuevo paso hostil que la Administración Trump da contra La Habana, que ha expresado su respaldo al régimen de Nicolás Maduro en plena crisis venezolana. El responsable de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea, Stefano Manservisi, lo verbalizaba este miércoles emplazando a las empresas europeas a llevar ante los tribunales a las compañías estadounidenses que hayan recurrido a ese Título III. La reglamentación comunitaria les faculta para recuperar, previa solicitud ante los tribunales de la UE, «cualquier pérdida» (económica) que les pudiera generar un fallo condenatorio desde el otro lado del Atlántico. La cuantía podría ser restablecida, incluso, «mediante la confiscación y venta» de sus activos en el territorio comunitario.
Y no es una amenaza baldía, porque Bruselas recuerda que Dijo que la mayoría de los potenciales denunciantes tienen activos en territorio UE. «Esto podría desencadenar un ciclo contraproducente de reclamaciones que perjudicará el clima de negocios», generaría una situación injusta para los denunciados «y causará un importante perjuicio a la situación en Cuba», advirtieron responsables comunitarios.
Una espiral que desestabilizaría el comercio mundial y que hasta ahora ha hecho que Washington haya mantenido en suspensión efectiva la Ley Helms-Burton desde su aprobación en 1996, aunque se ha venido revisando semestralmente desde entonces. Las consecuencias de entablar una guerra comercial de tal calado con los países aliados que tienen intereses en la isla, la ha mantenido en el cajón. Ninguno de los predecesores de Trump se han atrevido a pulsar el botón por las consecuencias de esa 'guerra', pero también por el riesgo de avalancha de denuncias y el consiguiente bloqueo de los tribunales estadounidenses. El Departamento de Estado cifró entre 75.000 y 200.000 el número de procedimientos potenciales en una primera estimación.
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«Estamos dedicados a proteger los intereses europeos en Cuba», han reforzado este miércoles desde la Comisión Europea. Aunque se ha excusado entrar en más detalles sobre fórmulas más allá de las expresadas por Mogherini y Malstrom en su carta en un momento en el que todavía Washington no había adoptado formalmente la decisión de activar el Título III de la Ley Helms-Burton.
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