Polonia dice que «no puede ni debe pagar» la multa de la UE

Ziobro habló sin matices de «multas ilegales» en referencia no solo a ese millón de euros diarios por no cumplir con las exigencias de la UE en relación a su sistema judicial, sino también a los 500.000, también diarios, por prolongar la vida de la mina de carbón de Turów, considerada altamente contaminante y que fue objeto de denuncia por la vecina República Checa.

Un tono desafiante que en nada ayuda a la distensión y que da continuidad a la retórica belicista empleada el pasado lunes por el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, que hablaba de «pistola en la cabeza» y «tercera guerra mundial». Las declaraciones de Ziobro se conocían pocas horas después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, deslizase en rueda de prensa una posible salida, no a toda la crisis pero sí al desbloqueo de los fondos de recuperación que se concretan en algo más de 35.000 millones de euros.

La alemana se refirió a una fórmula que en todo caso pasaría por que Polonia realizase un compromiso caro y firme para «desmantelar la Sala Disciplinaria, poner fin o reformar el régimen disciplinario e iniciar un proceso para reinstalar a los jueces», aseguraba. Condiciones que en todo caso están ligadas a distintos fallos judiciales europeos. Creo que es factible, espero que lleguemos a un acuerdo, pero la reforma es una condición 'sine qua non'», añadió Von der Leyen.

En su comparecencia en la Eurocámara hace dos semanas, previa a la cumbre de líderes, Morawiecki sí deslizó la posibilidad de anular o al menos modificar las facultades de la controvertida Sala Discilinaria, que hoy puede pronunciarse sobre el levantamiento de la inmunidad a los magistrados, así como influir en otras decisiones en materia de empleo, seguridad social y jubilación de los jueces. Pero su Gobierno ultraconservador no ha dado un paso concreto en este sentido.

Además, en su sentencia del miércoles, el máximo tribunal europeo deja claro que dicha sala debe desaparecer; que con la invalidación que exige de ese ente del Supremo se trata de «evitar un daño grave e irreparable al ordenamiento jurídico de la Unión Europea y a los valores en los que se basa esta Unión, en particular el del Estado de Derecho».

El ministro Ziobro insistía en que «los tratados de la Unión Europea no permiten que el TJUE interfiera en la regulación del poder judicial polaco, así como en el poder judicial de cualquier otro país», según declaraciones recogidas por agencias.

«Estemos tranquilos, hagamos nuestro trabajo, reformemos el poder judicial y cuidemos el Estado de derecho en la Unión Europea», concluyó Ziobro en una invitación a los socios comunitarios.