El 'polexit' no es el 'brexit'

El primer ministro, Mateusz Morawiecki, afirmó este viernes que su país desea seguir dentro de la Unión y descartó que la polémica sentencia del tribunal asegurando que algunos artículos de los tratados europeos son «incompatibles» con la Constitución polaca vayan a provocar un 'polexit', tal y como han advertido algunos expertos. ¿Por qué podría ser así? Pues, según la resolución judicial, porque esas incompatibilidades afectan a la propia soberanía de Polonia y la Corte ha llamado al orden a las instituciones europeas que no actúen «más allá de sus competencias» ni interfieran en la reforma judicial polaca.

El toque de atención es severo y ni las declaraciones de Morawiecki han calmado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien también este viernes recordó a los magistrados polacos que «el derecho europeo tiene primacía sobre el derecho nacional, incluidas las disposiciones constitucionales», y la UE hará valer «todos los poderes» para hacer cumplir esta regla. Von der Leyen reconoció que está «profundamente preocupada por la sentencia», que será examinada «a fondo y con rapidez».

Más dura se mostró la Eurocámara, cuyo presidente, David Sassoli, consideró inaceptable que un Estado miembro no reconozca las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE. El parlamento comunitario instó a Von der Leyen a aplicar contra el Gobierno de Varsovia el nuevo mecanismo para proteger el presupuesto comunitario, una maniobra que podría congelar los fondos de recuperación asignados a este país.

Polonia no es el Reino Unido. No tiene ni su peso económico ni su relevancia política en el ámbito internacional. Además, si algo ha demostrado el 'brexit' es que fuera de la UE el aire es gélido (problemas de suministros, dificultades para la contratación de personal especializado o para cumplir con los compromisos firmados, etcétera). La escisión británica inquietó y mucho al principio. Pero terminó extenuando a todos por la complejidad del proceso de salida, acabó con la paciencia de los socios e incluso reforzó la sensación de unidad comunitaria. Incluso los partidos de ultraderecha se cuidan aún hoy de apostar por más escisiones nacionales.

Y eso incluye al gubernamental polaco, el ultraconservador Ley y Justicia (PiS). Ya el pasado 15 de septiembre aprobó una resolución de apoyo expreso a la continuidad de Polonia en la Unión. «Queremos que Polonia sea un Estado miembro de la UE y se mantenga como un Estado soberano», señalaba el texto. El Ejecutivo del primer ministro Mateusz Morawiecki no tiene intención de dar ese salto al vacío. Y menos en un país en el que las encuestas reflejan que hasta un 88% de los ciudadanos quiere seguir en la UE. Tan evidente es su renuncia al suicidio político, que este viernes mismo seguía insistiendo en la continuidad pese a la crisis abierta por su Constitucional. Así que, salvo sorpresa mayúscula, se descarta que pueda invocar el Artículo 50, que abre la puerta para salirse del bloque (el mismo que activó Reino Unido).

Entonces, ¿a qué viene el movimiento de su Tribunal Constitucional? El fallo responde a una pregunta del propio Morawiecki. E implica tensionar al extremo una relación convulsa con Bruselas -que no cree en la independencia de su justicia- culminando esa dinámica de poner palos en la rueda con la que Polonia, y Hungría, se vienen destacando desde años.

El origen del actual embrollo viene de 2015, cuando la Comisión Europea inició la guerra contra la manipulación de los jueces y del sistema por parte del Gobierno de Varsovia. Una guerra en la que ha tenido el apoyo del TJUE. Y que convirtió a Polonia en 2017 en el primer socio (luego llegaría Hungría) con el que se pulsó el 'botón nuclear' del Artículo 7, como se conoce al mecanismo de castigo por no respetar los principios del Estado de derecho de la Unión. Un nombre llamativo para una herramienta que no ha supuesto nada.

Porque la carga del castigo (dejar al país sin voz en el Consejo Europeo) requiere la unanimidad. Y Hungría y Polonia no solo se protegen mutuamente, sino que practican ese juego de presiones en busca de notoriedad (como sucedió con la amenaza de veto sobre el plan de recuperación).