Un año de pesadilla amarilla para Macron

Pero su cólera, en la que muchos se vieron identificados, iba más allá. Manifestaba un profundo malestar social de esa Francia periférica, que se siente abandonada por sus dirigentes, que sufre para llegar a fin de mes y que se aferró a un símbolo, esa prenda reflectante amarilla, para encontrar una voz propia sin intermediarios. Desde entonces sido un año realmente convulso y justo hoy vuelven a la calle.

La llamada inicial vino de las redes sociales. Ciudadanos anónimos que protestaban por la subida de los impuestos a los combustibles, que penaliza principalmente a las zonas rurales y periféricas de las ciudades -justo las más débiles en términos económicos-, donde la red de transporte público es deficiente y el coche imprescindible. Durante semanas, la cólera se fue amasando, alimentada por una creciente desconfianza hacia las instituciones; también hacia los partidos políticos y los sindicatos, los vehículos tradicionales de la protesta social.

Desde entonces, se han dado cita cada sábado y cientos de demandas se han sumado a sus reivindicaciones. Sobre todo, piden una mejor cobertura social, menor presión fiscal para los más necesitados y más mecanismos para dar voz a los ciudadanos, entre ellos lo que llaman un «Referéndum de Iniciativa Ciudadana», que el Gobierno rechaza de plazo. Pero un año después, un 52% de los franceses sigue simpatizando con el movimiento.

El Ejecutivo francés no prestó demasiada atención en un primer momento al movimiento. La situación cambió después de la manifestación del sábado 1 de diciembre, cuando la violencia engulló París. El Arco del Triunfo, uno de los símbolos nacionales, fue saqueado y en todo el barrio de los Campos Elíseos ardían vehículos y quioscos. La tensión fue tal que un antidisturbios relataba esta semana a France Inter que «el palacio del Elíseo podía haber caído» ese día. A partir de entonces, el despliegue policial se refuerza cada sábado -París se blinda, literalmente- y la violencia, aunque a niveles inferiores, se instala en la protesta. Más de 10.800 manifestantes han sido detenidos a lo largo del año.

Casi 2.000 personas han sido condenadas en 2019, 400 de ellas a penas de prisión. Otras once personas han muerto, en su mayoría por atropellos. Además, 2.495 manifestantes y 1.944 miembros de las fuerzas del orden han resultado heridos. La violencia policial ha sido muy discutida y ha llevado a la apertura de 313 investigaciones.

Ha desbloqueado hasta 17.000 millones de euros en una serie de medidas económicas, entre ellas la subida del salario mínimo, y otras simbólicas, como la supresión de la ENA (que aún está por ver), el centro en el que se educan gran parte de las élites políticas y económicas del país. Y es que la protesta, no escapa a nadie, tiene un trasfondo de lucha de clases. En primavera puso en marcha el Gran Debate Nacional, en el que miles de ciudadanos pudieron discutir sobre política y hacer sus propuestas. Su éxito fue moderado y para muchos 'chalecos amarillos' se trató simplemente de un ejercicio de comunicación del Gobierno.

La crisis ha marcado profundamente la primera parte del mandato de Macron, que fue elegido bajo la promesa de poner en marcha reformas profundas y que, pese a su aplastante mayoría parlamentaria, ha aprendido que no las podrá llevar a cabo sin diálogo. La reforma del sistema de pensiones parece que le va a traer un invierno caliente. Los sindicatos han convocado para el 5 de diciembre una gran huelga, a la que parece que muchos 'chalecos amarillos' piensan sumarse.

El movimiento ha movilizado a muchas personas que proceden de un medio muy popular, con bajos ingresos y alta tasa de paro -pequeños autónomos, transportistas, cuidadores-, «poblaciones que no acostumbraban a participar en movilizaciones», explica Emmanuelle Reungoat, profesora de políticas en la universidad de Montpellier, que lo estudia desde hace un año.

 ¿Los motivos? Entre otras cosas porque no está estructurado -los 'chalecos' no se identifican con partidos o sindicatos- y por la elección de la rotonda como lugar de protesta, «un lugar abierto que acoge a todo el mundo, que está cerca de sus trabajos u hogares donde encuentran a vecinos o amigos, y que se ha convertido en un lugar de politización», esgrime la investigadora.