Más de un millón de europeos ya tienen su certificado covid para viajar al extranjero

España comenzó a hacerlo el lunes y fue uno de los primeros que participó en unos ensayos técnicos al que se sumaron al menos veintidós socios más. Tras el acuerdo político alcanzado el pasado 20 de mayo -que el Parlamento Europeo ratificará este miércoles- toda la red de sistemas habilitada por la Comisión Europea entró en funcionamiento el 1 de junio. Siete Estados del club se conectaron ya entonces a esa puerta de enlace común -Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Alemania, Grecia, Croacia y Polonia- además de Islandia y Suiza. La pasarela europea permite chequear la firma encriptada en el código QR de un documento que se emite de forma gratuita, en papel o digital, y que no da acceso al procesado de datos personales sensibles, que sólo se almacenan en los redes sanitarias nacionales.

La información que se comprime en el código electrónico contempla tres escenarios posibles: haber sido vacunado contra la covid-19; disponer una prueba PCR negativa o de una que acredite haber superado la enfermedad y contar con anticuerpos. El mensaje que lanzaba este martes el comisario europeo incidía en una idea que se viene defendiendo desde hace semanas. Puesto que la iniciativa es inédita y técnicamente se ha desarrollado en apenas dos meses, es necesario que vaya ganando cuerpo de forma «suave» para evitar fallos de calado.

Porque esta herramienta que estará en funcionamiento al menos durante un año, se quiere utilizar también como «estándar internacional»; no sólo para los movimientos por el Espacio Schengen, sino también para desplazamientos bidireccionales con países extracomunitarios con los que la UE reabra sus fronteras. La negociación para ese reconocimiento recíproco se inició hace meses con Estados Unidos y también está abierta con Reino Unido.

De momento, los certificados tienen que ser reconocidos por todos los países de la UE a partir del 1 de julio, según un reglamento que se votó este martes en la Eurocámara y que, pese a que el resultado no se dará a conocer hasta este miércoles, no alberga dudas: será avalado con una notable mayoría. Con el certificado no deberían existir ni cuarentenas ni test negativos adicionales en destino.

Este escollo se salvó en la negociación con la Eurocámara -pilotada por el socialista español Juan Fernando López Aguilar- incorporando una cláusula que sólo autoriza controles adicionales «si son necesarios» y siempre de «forma proporcionada» para salvaguardar «la salud pública en respuesta a la pandemia» y teniendo en cuenta «las evidencias científicas» incluidos los datos actualizados del Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC) y las recomendaciones de la Comisión. Se deberán comunicar con 48 horas de antelación al resto de Estados y a Bruselas.

El otro problema de la negociación, la gratuidad de los test precisamente por el hecho de que sean obligatorias, se sorteó con la movilización por parte de la Comisión de un mínimo de cien millones de euros para apoyar a los Estados en la compra de pruebas. Se planteó su menor coste o gratuidad absoluta, en principio, solo para aquellos ciudadanos que tengan que desplazarse por motivos laborales, familiares o médicos.

Los eurodiputados se sumaron a la petición de urgencia de Reynders durante la sesión celebrada en la sede de Estrasburgo; la primera desde el estallido de la pandemia. «Los europeos quieren desesperadamente recuperar su libertad y es el mosaico de las normas nacionales lo que les impide moverse», subrayó Sophia in 't Veld, del grupo Renew. Desde las filas de los populares Jeroen Lenaers, lanzó el mismo deseo: «que por fin haya algo de coordinación y previsibilidad en nuestras fronteras internas».