Londres propone terminar con el libre movimiento de trabajadores tras el 'Brexit'

El texto, fechado en agosto y divulgado por el diario 'The Guardian', recoge una serie de propuestas que, a falta de que sean debatidas y aprobadas por el Gobierno, pone de manifiesto la línea que quiere seguir el Gobierno de Theresa May en un proceso de negociaciones con la UE que deberá haber concluido antes de marzo de 2019. Así, a lo largo de 82 páginas propone medidas para regular el flujo migratorio que, en la práctica, implicarían la introducción de límites en la circulación de trabajadores. Los inmigrantes con menor cualificación sólo podrán optar a un permiso de residencia de hasta dos años, mientras que en el caso de "ocupaciones cualificadas" el periodo oscilará entre los tres y los cinco años.

"Tenemos claro que, en la medida de lo posible, las empresas de Reino Unido deberían intentar cubrir sus necesidades laborales con residentes. Es más importante que nunca (...) para construir una economía fuerte y competitiva", reza el texto, que encaja con la tesis mantenida en los últimos meses por la línea más dura del Partido Conservador.

En este sentido, el Gobierno alega que la introducción de límites es necesario para reducir el flujo migratorio a "niveles sostenibles". El 'premier' David Cameron, primero, y May, después, se comprometieron a bajar la cifra de migración neta por debajo de las 100.000 personas, algo que Londres está lejos de conseguir habida cuenta de que cada año 250.000 ciudadanos de la UE siguen emigrando a Reino Unido.

El borrador también plantea el desconocimiento de la jurisdicción europea en relación a los derechos de traslado de familiares, la obligatoriedad de viajar con pasaporte a Reino Unido -no bastarán documentos de identidad nacionales- y restricciones generales para la reunificación familia. El residente que quiera llevar a Reino Unido a un cónyuge deberá acreditar que gana al menos 18.600 libras (unos 20.300 euros) al año.

Los derechos de los ciudadanos de países de la UE tras el 'Brexit' serán previsiblemente uno de los principales escollos en las negociaciones entre las partes y, por el momento, ninguna de las partes ha dejado claro dónde sitúa sus líneas rojas. El texto del Ministerio del Interior británico apunta que el nuevo sistema que aplicará para los ciudadanos comunitarios no tiene por qué ser necesariamente el mismo que rige actualmente para los extranjeros ajenos a la UE.