La letra pequeña del 'plan Marshall' europeo

«No se trata de un programa de ajuste, con nombre distinto», pero sí hay «normas que cumplir», subrayaba este jueves Paolo Gentiloni, comisario europeo de Economía sobre los procedimientos que obligan a los países beneficiarios del fondo de recuperación. Acudir a él tiene carácter voluntario. Y hacerlo no conllevará (a diferencia de lo que sucedió en la crisis de principios de la década) imposición de recortes ni ajustes estructurales ni por supuesto el despliegue de la 'troika' (esas visitas fiscalizadoras de los 'hombres de negro' a los perceptores de ayuda). Tampoco se mirará hacia otro lado. Los Estados tendrán que presentar proyectos de inversión y planes de reconstrucción bien argumentados para optar al dinero. Las prioridades que deben guiar su estrategia: la transición ecológica y energética y la transformación digital. Las entregas irán supeditadas a la consecución de hitos intermedios que Bruselas da por hecho que se respetarán. Si no se cumple con lo acordado, no habrá transferencias.

La Comisión participará en la «orientación» de esos 'planes de recuperación estatales'. «Orientará» y vigilará para que se ajusten a las prioridades. Estarán, además, «muy vinculados» al Semestre Europeo y al Plan de Estabilidad y Crecimiento, mecanismos que vigilan los desajustes en las economías de la UE. Y eso implica, al final, que todos los países controlan la evolución de sus socios, con las reuniones periódicas de sus responsables de Economía y Finanzas. Si finalmente sale adelante el proyecto de Ursula von der Leyen, las capitales ya podrían cursar las primeras peticiones de ayuda en octubre, acompañándolas del borrador presupuestario del próximo ejercicio. A partir de 2021 se habilitarían abril -con las cuentas del año en curso- y octubre, con una proyección de ingresos y gastos a futuro.

Las cifras tanto de ayudas directas como de préstamos son hoy una estimación. Fundamentalmente porque las aportaciones que los Estados deben hacer al Presupuesto plurianual, del que cuelgan los 750.000 millones, no se pueden determinar aún. Ese proyecto también debe ser ratificado por los Veintisiete y la Eurocámara. Italia y España serían los principales beneficiados (el primero con 172.745 millones de los que 81.807 serían transferencias y el segundo con 140.446, con 77.300 no reembolsables). Les seguirían Polonia (63.000 millones en total), Francia (38.700), Grecia (unos 32.000), Rumanía (31.200) y Alemania, con 28.800 millones. La propuesta de cuentas para 2021-2027 que está sobre la mesa asciende a 1,1 billones de euros. Si la dimensión variase, también lo harían los ingresos reales de cada país. De momento, esos 1,1 billones son excesivos para el club de los frugales (Países Bajos, Austria, Suecia y Dinamarca).

El Semestre Europeo marca el periodo de revisión de la evolución de las grandes magnitudes, pero también del avance de las reformas socioeconómicas requeridas en cada país. Respecto a lo primero, dos son las referencias clave: el déficit, que no debe rebasar el 3%, y el endeudamiento, con un techo fijado en el 60%. A España se le ha emplazado sistemáticamente a hacer «más esfuerzos para llevar las finanzas públicas a un camino más sostenible». Su endeudamiento era del 95,5% antes del coronavirus (se disparará este año al 113,4%) y el déficit repuntará del 2,6% al 9,4%. Incrementar sus niveles de recaudación vía impuestos y cotizaciones, corregir su alta tasa de desempleo, respetar «los efectos positivos» de la reforma laboral del anterior Gobierno y garantizar la sostenibilidad de su sistema de pensiones (una vez vinculadas al IPC) han sido otras recomendaciones. Se convertirían casi en líneas rojas.

La colosal emisión de bonos de deuda que pretende lanzar la Comisión Europea para financiar el fondo tiene, lógicamente, que saldarse. El calendario que se marca es comenzar a enjugarla en 2027 y liquidarla plenamente en 2058, lo que cargará varios ejercicios presupuestarios. Y aquí el ejecutivo de Von der Leyen incorpora como garantía de base el aumento «del límite de recursos propios de forma excepcional un 0,6%», incremento que se sumaría al 1,4% de la Renta Nacional Bruta (RNB), lo que lleva la cuenta final hasta el 2%. Pero también nuevas tasas que, como la pretendida a colosos como Google o Facebook, llevan en bloqueo meses, incluso años, por la falta de acuerdo entre los propios socios.

Las cuentas que echa Bruselas con los 'potenciales' ingresos extraordinarios son éstas (todas las estimaciones son anuales): 10.000 millones por la extensión a los sectores marítimo y a la aviación del comercio de emisiones; entre 5.000 y 14.000 millones vía peajes al carbono en frontera; 10.000 millones más por los beneficios que obtienen las grandes empresas del mercado interior; 1.300 millones a las tecnológicas que tengan una facturación global superior a los 750 millones; y luego estaría el impuesto a los plásticos (anunciado meses atrás y no reflejado en el informe) que podría suponer otros 4.000 millones más.

Programas nuevos con otros consolidados como los fondos de cohesión (55.000 millones adicionales), la PAC o las ayudas para una transición justa hacia la descarbonización (que pasa de 7.500 a 40.000 millones). Este último fondo asignaba hace unos meses a España 376 millones. 'Engordado', le permitirá recibir 1.806. Todo, en cualquier caso, está interrelacionado en la compleja red de ayudas y préstamos que contiene el propio presupuesto plurianual y que la Comisión Europea readapta al impacto económico de la pandemia. De forma explícita se abre una línea de apoyo al sistema sanitario. Otra lección aprendida. 9.400 millones (se multiplica por veinte lo que se venía habilitando hasta ahora) para garantizar su capacidad de reacción ante futuras crisis; prevención y vigilancia de enfermedades a largo plazo, diagnóstico y tratamiento.