El independentismo escocés también juega el final de la partida

Si el Consejo Europeo llega esta semana a un acuerdo con el Gobierno británico, su implementación quedará pendiente de un consenso norirlandés en el que los representantes de votos hasta ahora despreciados contarán igual que las voces del DUP, codiciadas para sostener en el Parlamento al Ejecutivo de Theresa May o ser ahora la red para el trapecista Boris Johnson.

El 'brexit' ha perturbado también los equilibrios pactados hace veinte años en un Reino Unido con poderes autonómicos. En esta saga se ha sugerido que Irlanda del Norte, a 18 kilómetros de la costa escocesa en su punto más próximo, permanecería en el mercado común y la unión aduanera, y disfrutaría, como la república, de la tasa del 12.5% en el impuesto de beneficios a las empresas.

Los efectos en la economía escocesa podrían ser severos pero la incertidumbre no ha sido aún despejada. En la Federación de Pequeñas Empresas(FSB) de Escocia, la propuesta de Johnson no merece comentario. «La prioridad debe ser la de evitar una marcha sin acuerdo, porque causaría un daño enorme a las firmas más pequeñas de Escocia», dice el portavoz de la asociación empresarial.

Nicola McEwen, profesora de Política Territorial en la Universidad de Edimburgo, subraya la precaución del Gobierno escocés sobre las iniciativas de Londres o Bruselas en Irlanda del Norte, por su potencial desestabilizador en una región con rescoldos de violencia y una tensión política que la ha dejado sin Asamblea autonómica desde hace casi tres años.

«La fuente de frustración aquí es la yuxtaposición de esta negociación sobre arreglos especiales para Irlanda del Norte y que no haya ninguna consideración sobre Escocia», afirma. «Al Gobierno le preocupan mucho las consecuencias del 'brexit' en la economía y la sociedad escocesas y hay un sentimiento de déficit democrático, de que la expresión claramente expresada por la mayoría de Escocia no cabe en la unión(británica)».

Los seis sondeos publicados este año sobre un nuevo referéndum en Escocia muestran, según escribe el profesor de Política en la Universidad de Strathclyde, John Curtice, en el sitio 'WhatScotlandThinks.org', que la opinión sobre la independencia se divide ya por la mitad. El aumento de votos por la independencia se debe a frustrados partidarios de la permanencia en la Unión Europea.

Cinco años y veinticinco días después de que el 55.3% de los votantes escoceses impusiera al 44.7% su deseo de permanecer en Reino Unido, la principal fuerza promotora de aquella consulta, el Partido Nacional Escocés (SNP), comienza este domingo su conferencia anual, coincidiendo con la negociación europea de Johnson y con la presentación de su programa legislativo, en el Discurso de la Reina, el lunes.

Nicola Sturgeon, su líder y ministra principal del Gobierno de Edimburgo, ha llamado a la unidad de los grupos de la oposición en las últimas semanas para evitar la marcha sin acuerdo y derribar a Johnson con una moción de censura. Los sondeos dicen que recuperaría en unas elecciones generales escaños perdidos en 2017, cuando pasó de 54 a 35. Quiere convocar un segundo referéndum en 2020. Las autonómicas serían en mayo de 2021.

Los muestreos de población registran aumentos de partidarios de convocar un segundo referéndum o de la independencia, pero que no garantizan la victoria. Los escoceses que se sentirían tristes de dejar Reino Unido tras una consulta suman más que los indiferentes y los que se sentirían felices. En la Federación de Pequeñas Empresas se afirma que sus socios quieren «un período de estabilidad».

Nicola McEwen señala otro aspecto que añadirá agravio y dificultad en el final de la partida del 'brexit'. El orden autonómico diseñado desde los referéndums de 1997 ha sido recortado por Londres para premiar simplicidad ejecutiva sobre compromiso plural. La ley de Retirada de la UE centraliza temporalmente los poderes recuperados de Bruselas, incluso sobre materias transferidas.

Los gobiernos de Edimburgo y Londres disputaron como gato y ratón hasta llegar al Tribunal Supremo, que falló que la ley escocesa haciéndose cargo de poderes devueltos por Bruselas era constitucional cuando se elaboró, pero no lo era tras la aprobación en Westminster de la ley acaparando esos poderes. Londres tendrá que eliminar los artículos que restringen a las autonomías de Gales y Escocia o impondrá su ley íntegra, burlando la convención de buscar el consentimiento autonómico.

Antes o después, Edimburgo se hará cargo de las nuevas competencias y legislará con el afán de estar al día en el cumplimiento de leyes y regulaciones comunitarias, para pedir el reingreso como estado independiente. Johnson afirmaba en su carta al presidente de la Comisión, Jean Claude Juncker, y en el documento explicativo de su propuesta que quiere una relación más laxa con la UE que la prevista por May.

«La cuestión de la frontera entre Escocia e Inglaterra será real en ese contexto», dice McEwen, también codirectora de Centro de investigación del Cambio Constitucional(CCC). «No es un reto insuperable, pero quienes quieren la independencia no le están prestando la atención que merece».

Sturgeon se mueve con cautela. Como los gobiernos de Londres le niegan ahora el poder de convocar una nueva consulta y dos diputados inspirados por la experiencia catalana han propuesto que una victoria electoral sea legitimación suficiente de la independencia, la líder del SNP ha pasado las horas anteriores a la asamblea del partido asegurando que solo puede llegar ganando un referéndum legal.