Salvador Arroyo
Bruselas
Martes, 11 de mayo 2021, 17:53
La demanda social y los intereses económicos son de tal magnitud que nadie duda hoy en Bruselas de que la UE tendrá en vigor el próximo junio ese Certificado Verde que facilitará la movilidad interior y que está llamado a ser la tabla de salvación ... del sector turístico. Pero las negociaciones que mantienen la Comisión Europea, los Estados y el Parlamento aún no han conseguido confluir en un acuerdo. La gratuidad universal de los test PCR y las pruebas que determinarían si una persona tiene anticuerpos tras haber superado la enfermedad, que exige esta última institución, se han convertido en el principal escollo a superar. Mayor incluso que su rechazo a las cuarentenas y los test complementarios que algunos socios de la Unión se reservan como escudo aún cuando el viajero porte dicho certificado.
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En la que ha sido la primera reunión presencial en Bruselas del Consejo de Asuntos Generales desde el pasado mes de octubre, ministros y secretarios de Estado han analizado este martes el resultado de la primera ronda de negociaciones entre la presidencia portuguesa y la Eurocámara. «La gratuidad universal en Europa no es compartida por al menos tres cuartas partes de los Estados, España entre ellos», confirmó Juan González-Barba, secretario de Estado para la UE. ¿El motivo? La elevada factura que generaría a sus economías.
Mucho más si, como en el caso de España, reciben millones de visitantes por ser referencia global del turismo. Inasumible hacer frente al coste de las pruebas de los turistas que necesitan antes de abandonar el país para regresar a sus casas. «La carga financiera ahora mismo no permitiría aprobar el reglamento en junio, quizás si se tuviera más tiempo.» Porque la vacunación no está lo suficientemente extendida por el continente y las PCR serán aún durante muchas semanas las pruebas de referencia para poder viajar. El Certificado Verde facilita los viajes no esenciales si se está vacunado, pero también si se acredita test PCR negativo o de anticuerpos.
Así que la negociación a tres bandas intenta buscar un compromiso satisfactorio para todos con varias opciones encima de la mesa. Todas aún muy abiertas, desde la posibilidad de establecer unos máximos de pruebas asumibles a tomar como referencias tanto el poder adquisitivo medio del país, como el salario mínimo o que el país de origen de los turistas cargue con los costes al realizar esos test a la llegada. «Hay fórmulas para llegar a un compromiso, no me cabe ninguna duda de que se aprobará para que entre en vigor en junio», incidía González-Barba.
Este pase convivirá con la modificación de la última recomendación lanzada por la Comisión Europea para que los viajes no esenciales se abran a terceros países. Hoy esa negociación está muy avanzada con Estados Unidos y España confía en se consiga el mismo nivel de progreso con Reino Unido. En todos los casos, con reciprocidad. Ahora Londres sólo autoriza viajes con una serie de países, pero revisará la lista cada tres semanas.
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En relación con el veto a las cuarentenas en países de destino que también impone el Parlamento Europeo para dar su autorización al Certificado Verde Digital, el secretario de Estado de la UE ha planteado que «para este asunto será más fácil de conseguir una solución». Aquí se estarían valorando otras opciones como que se restrinjan a una serie de casos concretos o la evolución fortuita de la pandemia.
Porque aquí hay unanimidad en referencia a ese mecanismo que se ha dado en llamar 'freno de emergencia' y que, planteado en principio para terceros países, también sería factible de aplicar dentro de la UE. Un repliegue de urgencia «si la situación empeora rápidamente» o si se detectan variantes inquietantes sobre las que las vacunas pudieran perder efectividad.
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