La UE ya ha desbloqueado las primeras ayudas anticovid para dieciséis Estados

«Un año después de que los líderes de la UE alcanzaran el acuerdo histórico sobre el paquete de recuperación, más de la mitad de nuestros Estados miembros están ahora listos para iniciar las reformas e inversiones necesarias para que nuestra economía se adapte al futuro», ha destacado Andrej Šircelj, responsable de Finanzas de Eslovenia, el país que ostenta la presidencia rotatoria de la UE, al término de la videoconferencia de este lunes.

«En cuestión de días o semanas» (dependiendo de los casos y de la velocidad para forjar los compromisos técnicos) comenzará a fluir el dinero. Un primer pago en forma de anticipo que requerirá más de 51.000 millones de euros para cubrir a todos los elegidos y que el vicepresidente Valdis Dombrowskis subraya que «tendremos disponible». «Ya hemos hecho las transacciones en el mercado necesarias para cubrir esos anticipos y podremos cubrir las necesidades de refinanciación en su totalidad».

Garantizada está hoy la disposición de liquidez para los doce primeros países (el primer pago suma 50.000 millones) que consiguieron el aprobado del Ecofin. Pero el letón considera que no habrá problemas para realizar las transferencias necesarias al resto. «Todo depende de los Estados miembros» en referencia a la cumplimentación de los trámites necesarios para suscribir «los acuerdos de concesión de créditos». La transmisión de los pagos podría prolongarse hasta el otoño, apostilló. En los casos de Croacia, Chipre, Lituania y Eslovenia se requiere también un proceso de notificación por escrito como paso previo debido al carácter informal de la reunión de ministros europeos celebrada ayer.

El plan de inversiones y reformas presentado por España aspira a conseguir los 69.500 millones de euros que le corresponden solo en subsidios directos. Quedarían pendientes otros 70.000 en forma de créditos blandos de un fondo para toda la Unión que asciende a 800.000 euros a precios corrientes. El anticipo que España debería recibir en breve supone unos 9.000 millones de euros. Antes de diciembre debería recibir otros 10.000. Y a partir de 2022 se establecen nuevos tramos que ya exigirán tener encarrilados ajustes como la reforma del mercado laboral o del sistema de pensiones.

Dos socios del club comunitario (Países Bajos y Bulgaria) aún no han enviado sus planes a Bruselas. Los de Irlanda y la República Checa acaban de superar el primer filtro al ser aprobados por la Comisión Europea. El resto está aún en ese proceso de evaluación que llevan a cabo los técnicos del Ejecutivo comunitario -disponen de hasta dos meses para poder completarlo-, siendo especialmente problemático el análisis sobre Hungría y Polonia.

Ambos han sido expedientados por supuesta vulneración de derechos fundamentales por iniciativas homófobas y, en el caso de Polonia, también por negarse a acatar las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Polonia, en concreto, habría solicitado una prórroga de hasta «cuatro meses» para realizar los ajustes necesarios antes de que Bruselas emita su dictamen. En las últimas semanas ha cobrado fuerza la idea de que pueda activarse con los gobiernos de Budapest y Varsovia el principio de condicionalidad que liga la transferencia de fondos europeos al cumplimiento de los estándares europeos en materia de derechos fundamentales.

Los ministros también hicieron balance del paquete de lucha contra el blanqueo de capitales adoptado recientemente por la Comisión Europea y que tiene como objetivo «mejorar el marco de la UE existente, teniendo en cuenta los nuevos desafíos relacionados con la innovación tecnológica».

Un paquete que contempla la puesta en marcha a partir de 2026 de la Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales, que podrá supervisar la labor de las agencias nacionales e imponer sanciones de hasta el 10% del volumen de negocios. Instituciones financieras y criptodivisas serán las primeras que se colocarán bajo la lupa de esta nueva Agencia.

El compendio de medidas legislativas contra el blanqueo de capitales que la Comisión Europea presentó la pasada semana incluye también la prohibición de que las transacciones en metálico superen los 10.000 euros.