Los cinco retos del futuro Gobierno británico

La negociación entre la Unión Europea y Londres para que Inglaterra esté fuera de la UE antes de 2019 van a ser uno de los principales retos del nuevo Gobierno inglés. La propia Theresa May ha centrado parte de su campaña en solicitar una mayoría estable que le permita enfrentarse a los negociadores de Bruselas desde una posición de fuerza, contraponiéndose a un Corbyn al que tachó de blando y maleable. Los analistas, no obstante, están ya manejando la hipótesis de que las discusiones supondrán, en la práctica, varios Brexits. El más inmediato es la salida de Reino Unido de las instituciones europeos. Lo que vendrá después será la negociación de los acuerdos económicos entre un país ya ajeno a la Unión y los Estados miembros. En los últimos meses Theresa May ya ha anunciado que su posición será dura y exigente con respecto a sus antiguos socios. «Antes que un mal acuerdo prefiero no haya ningún acuerdo», afirmó ante los embajadores europeos en Londres. Corbyn también ha defendido el Brexit pero sus posturas no han sido tan tajantes.

La población musulmana británica es de 2,7 millones, el 5% del censo, sin contar Escocia e Irlanda. En algunas zonas de Londres, donde residen un millón de musulmanes, se supera el 10% del total de habitantes. La primera ministra Theresa May, tras el atentado de Londres, ya afirmó que era necesario acabar con la política de «tolerancia» que durante años permitió que los movimientos radicales de todo Oriente Medio tuvieran su base de actuaciones en Gran Bretaña -de ahí surgió el término de 'Londonistán'-. Aunque estas declaraciones se tildaron de electoralistas -ya que fueron realizadas en plena campaña-, forman parte de una reflexión que sí existe en el 'establishment' británico. La duda es cuáles serán los patrones que regirán en la nueva política hacia las comunidades musulmanas pero también qué cambios legales estará dispuesto a poner en marcha el nuevo Gobierno. Francia, tras las oleadas de ataques del Estado Islámico, ya llevó a cabo una dura reforma en la que, por ejemplo, se suprimió la tutela judicial para diversas actuaciones policiales. Todavía es una incógnita el saber qué tipo de medidas aplicará el nuevo Gobierno y hasta qué punto estará dispuesto a forzar la maquinaria legal, en un país de tradición garantista.

La economía británica se encuentra en estos momentos en una situación de riesgo, con una inflación del 2,7% -la más alta desde 2014- a causa de los efectos del Brexit y la depreciación de la libra. La desaceleración es evidente y las tasas del crecimiento del PIB son de las más bajas de la Unión Europa. Gran Bretaña subió un 0,2% frente al 3,2% de España, por ejemplo. Además, debe corregir el déficit fiscal -que alcanza el 3,7% del PIB estimado en 2016-. Las recetas de los dos principales candidatos son radicalmente distintas. El líder laborista Jeremy Corbyn propone poner fin a las políticas de austeridad, aumentar los subsidios estatales, incrementar impuestos -el de sociedades llegaría al 26% en cinco años- y una agresiva política de nacionalizaciones en áreas como los ferrocarriles y la energía. La conservadora May es partidaria de mantener su política de ajustes pero también con un endurecimiento fiscal para las grandes empresas -en especial para el sueldo de los directivos- aunque no ha avanzado más puntos concretos. No obstante, ha sido acusada de poner fin al 'tatcherismo' -entendido como el liberalismo a ultranza- y defender un intervencionismo estatal rechazado por sectores de su partido.

Una de las consecuencias del Brexit fue la decisión de Escocia de volver a plantear un referéndum independentista. Esta comunidad había votado por permanecer en Europa -el Brexit sólo consiguió un 38% de partidarios en el territorio- al entender que Bruselas supone una salvaguarda para sus aspiraciones. En marzo de este año la primera ministra escocesa, la nacionalista Nicola Sturgeon, ya activó los mecanismos para solicitar que la separación definitiva de Gran Bretaña pase de nuevo por las urnas. En Irlanda del Norte, aunque todavía no se han dado pasos oficiales, también se ha creado un debate sobre la posibilidad de romper con Inglaterra al entender que Europa les protege frente a Londres. Tanto Theresa May como Jeremy Corbyn se han posicionado en contra de este referéndum, pero la incógnita es saber qué hará Bruselas. En las instituciones europeas hay partidarios de forzar la situación de Gran Bretaña alentando las reclamaciones independentistas, pero también se teme el efecto contagio que podría suponer defender las posturas soberanistas en el continente.

La inmigración fue uno de los factores que propiciaron que el Brexit saliera adelante contra todo pronóstico. El partido antieuropeista Ukip utilizó este debate como uno de sus reclamos electorales y forzó al partido conservador a incorporarlo en sus mensajes fuerza. Theresa May, por ejemplo, ha defendido que las empresas dupliquen lo que deben pagar por contratar a ciudadanos extranjeros, que alcanzaría los 2.340 euros al año. Asimismo, defiende que los inmigrantes acrediten ingresos mínimos para solicitar visados para familiares y subir las tasas a los ciudadanos extranjeros para utilizar la sanidad. Los laboristas no han estado ajenos a esta atmósfera de la sociología británica y el propio Corbyn realizó unas declaraciones en las que afirmaba que su partido «no está casado con el principio de la libertad de movimiento de los ciudadanos europeos». Este endurecimiento de las políticas migratorias se produce en un país en el que viven 3,3 millones de europeos -de ellos 100.000 españoles, según el Instituto Nacional de Estadística-. En su mayoría acudieron a trabajar en Gran Bretaña con la libertad de movimientos para los ciudadanos de la Unión pero su futuro queda en entredicho a raíz del Brexit.