Bruselas lleva a Polonia al TJUE por su reforma judicial

Bruselas considera además que ese marco prohíbe a los tribunales nacionales, incluso mediante procedimientos disciplinarios, aplicar directamente determinadas disposiciones de la legislación comunitaria que, precisamente, protegen la independencia judicial, así como remitir a la alta Corte de Luxemburgo las decisiones preliminares sobre esas cuestiones delicadas. En suma, desde la perspectiva del Ejecutivo comunitario, una vulneración en toda regla.

El procedimiento anunciado ahora es, en realidad, un suma y sigue. Polonia está bajo la lupa desde hace más de cinco años por derivas políticas contrarias a los principios del Estado de Derecho en la UE. La apertura de varios expedientes contra Varsovia y la solicitud al Tribunal de Justicia de la Unión Europea de medidas cautelares se han sucedido en cascada todos estos años.

El punto álgido de la disputa se alcanzó en 2017, cuando la entonces Comisión de Jean-Claude Juncker pulsó por primera vez en la historia lo que se conoce como 'botón nuclear'; un mecanismo sancionador extremo recogido en el artículo 7 del Tratado de la UE que prevé incluso dejar a un Estado miembro sin derecho a voto. Ese mismo 'botón' lo tocó la Eurocámara al año siguiente contra la Hungría de Viktor Orban. ¿Consecuencias prácticas? Ninguna. Porque para que se activen los castigos es imprescindible la unanimidad de los Veintisiete y tanto Hungría como Polonia se dan cobertura mutua.

Van tan de la mano que a finales del pasado año hicieron frente común contra el hecho de que los desembolsos de los fondos del plan de recuperación se hayan vinculado al respeto al Estado de Derecho. Una condición impuesta por el Parlamento Europeo y aceptada por todos los socios del bloque que Varsovia y Budapest terminaron asumiendo con un cambio en la redacción. Pero que ya han llevado al TJUE.

La denuncia ante la justicia europea que desvelaba este miércoles Bruselas aprieta aún más las tuercas al Ejecutivo de Morawiecki. Y se acompaña de una petición de medidas cautelares mientras llega la sentencia firme. El objetivo es «evitar que se agudicen los daños graves e irreparables infligidos a la independencia judicial y al ordenamiento jurídico de la UE». Medidas que, en trazo grueso, confluyen en la suspensión de disposiciones y efectos de las decisiones adoptadas por la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo de Polonia.

El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, se refirió en concreto a que «la decisión de levantar la inmunidad de un juez -para que pueda ser sancionado o procesado, e incluso sufra una pérdida salarial por el cese temporal de su actividad- deba ser adoptada por una instancia independiente» porque «en Polonia, la independencia e imparcialidad de la Cámara Disciplinaria de la Corte Suprema no están garantizadas», añadió el belga.

El portavoz del Gobierno polaco, Piotr Müller, negó en declaraciones recogidas por AFP la justificación «legal o factual» del paso dado por la Comisión Europea. «La regulación de cuestiones relativas al poder judicial es exclusivamente nacional, y eso está expresado en la Constitución de Polonia y en los tratados de la UE», subrayó.