Bruselas lanza su plan para amparar a los 'riders'

El Ejecutivo de Ursula von der Leyen entiende que ha llegado el momento de crear un marco común porque más de 28 millones de personas en la UE trabajan a través de plataformas laborales digitales; un número que se prevé alcance los 43 millones en cuatro años. Se mete así de lleno en un ámbito laboral complejo que, según su propio diagnóstico, presenta importantes fallas.

Así, aunque «la gran mayoría de estas personas son realmente autónomos», se estima que «5,5 millones están clasificados incorrectamente como autónomos». Una situación que Bruselas considera inaceptable, más aún teniendo en cuenta que entre 2016 y 2020, los ingresos de estas plataformas casi se quintuplicaron, de unos 3.000 millones de euros a 14.000.

Las nuevas normas, que requieren aún de la autorización de los Veintisiete, deberían garantizar que las personas que trabajan para esas empresas digitales «puedan disfrutar de los derechos laborales y los beneficios sociales a los que tienen derecho». Asimismo, recibirán protección adicional en lo que respecta al uso de la gestión algorítmica (es decir, sistemas automatizados que apoyan o reemplazan las funciones de gestión en el trabajo).

La Directiva propuesta buscaría en definitiva poner fin a esa condición de 'falsos autónomos' de muchos de estos 'riders'; de hecho, se proporcionan criterios para discernir entre trabajadores por cuenta propia y empleados, garantizando a estos últimos los derechos laborales y sociales que se contemplan para el resto en su misma condición. Lo que significa, por ejemplo, tener derecho a un salario mínimo (hoy el 55% percibiría ingresos inferiores), negociación colectiva, tiempo de trabajo y protección de la salud, derecho a vacaciones pagadas o un mejor acceso a la protección contra accidentes de trabajo, desempleo y prestaciones por enfermedad, así como pensiones contributivas de vejez.

Las plataformas tendrán derecho a impugnar o «refutar» esta clasificación, «con la carga de demostrar que no hay relación laboral» sin cerrarles la puerta al recurso final de los tribunales. Se les invita a ajustar su modelo de negocio a las nuevas normas, algo que Bruselas ve factible porque los criterios que propone «traerán a las plataformas una mayor seguridad jurídica, reducirán los costos de litigio y facilitarán la planificación empresarial».

Algunos de estos criterios para discernir la situación laboral serían, por ejemplo, el análisis de las fórmulas y cuantías de remuneración; el control de jornada mediante medios electrónicos; si existen restricciones a la libertad de los trabajadores para elegir sus horarios, descansos, etcétera, o si pueden aceptar o rechazar las cargas laborales o usar subcontratados o sustitutos.

«Debemos aprovechar al máximo el potencial de creación de empleo de las plataformas digitales. Pero también debemos asegurarnos de que sean trabajos de calidad, que no promuevan la precariedad, para que las personas que trabajan a través de ellos tengan seguridad y puedan planificar su futuro», ha subrayado el comisario de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit.

El político luxemburgués que impulsa este nuevo marco legal ha insistido también en que «el progreso tecnológico debe ser justo e inclusivo, por lo que la propuesta también aborda la transparencia y la supervisión de los algoritmos de las plataformas». Por esta vía, los trabajadores tendrían derecho a conocer los sistemas de control que tiene la compañía para la que trabajan con acceso a detalles como la evaluación de los clientes o los mecanismos que se siguen para la asignación de las tareas.