Bruselas endurece el tono y amenaza con dejar sin fondos europeos a Hungría y Polonia

Los Gobiernos populistas de Budapest y Varsovia, señalados de forma recurrente por socavar las reglas del Estado de derecho europeo, tienen abiertos sendos procedimientos de castigo bajo el artículo 7 del Tratado de Lisboa, que podría dejarles sin derecho a voto en la UE. Pero su activación requiere unanimidad de los Veintisiete; así que, de momento, esta sigue siendo una vía muerta.

Pero comienza a cobrar fuerza otro efecto correctivo que les cerraría el grifo a los importantes fondos europeos que perciben. La condicionalidad (no hay dinero sin adhesión plena a los principios comunes del Estado de derecho recogidos en el Tratado de Lisboa) es una de las herramientas claves para que Viktor Orban y Mateusz Morawiecki recapaciten.

Y en la segunda foto panorámica que realiza la Comisión Europea en diez meses sobre el Estado de Derecho, como cabía esperar, Hungría y Polonia no salen bien parados. Lo que viene a ser un suma y sigue. Puesto que esas conclusiones también van a contar en el debe de ambos países, en el momento en que se reabra con fuerza el debate sobre la condicionalidad de los fondos de la UE.

Por partes. El análisis que realiza la Comisión Europea sobre los los Veintisiete Estados miembros se refiere a cuatro campos específicos: el funcionamiento de sus sistemas de justicia, las herramientas para combatir la corrupción, el respeto a la libertad de información de los medios de comunicación y el pluralismo, y los contrapesos entre poderes. En términos generales, el Ejecutivo comunitario reconoce «muchos acontecimientos positivos» en relación con su informe previo de septiembre .

«Las reformas del sistema judicial polaco siguen siendo una fuente de grave preocupación»; «existen riesgos en cuanto a la eficacia de la lucha contra la corrupción de alto nivel»; «persiste la preocupación por la independencia de las principales instituciones responsables de la prevención y lucha contra la corrupción, considerando en particular la subordinación de la Oficina Central Anticorrupción al Ejecutivo»; «desde 2020, el entorno profesional de los periodistas se ha deteriorado, con el uso de procedimientos judiciales intimidatorios, una creciente falta de protección a los periodistas y acciones violentas durante las protestas, incluso por parte de las fuerzas policiales»; y «aunque el espacio de la sociedad civil aún es vibrante, se ha visto afectado aún más por problemas generales relacionados con los derechos de las mujeres y por ataques a grupos LGTBI».

Esas son algunas de las frases lapidarias que se dirigen a Varsovia, a la que la vicepresidenta Vera Jourova amenazó este martes con importantes multas si no vuelve al redil antes del 16 de agosto. Es el plazo que se da para que acate las sentencias del TJUE. Y como no podía ser menos, el informe tampoco ahorra reproches contundentes contra Hungría.

De entrada, el comisario de Justicia, Didier Reynders recordó durante la presentación que la Comisión Europea «está dispuesta a utilizar todas sus herramientas para proteger la democracia». Y eso incluye la suspensión de los fondos de la UE. Aunque hasta que se llegue a esa situación extrema, prosiguen los avisos. Y la aprobación del plan de recuperación húngaro se retrasa.

«En lo que respecta a la independencia judicial, el sistema ha estado sujeto a nuevos desarrollos que se suman a las preocupaciones existentes» (en clara alusión a la designación de miembros del Tribunal Constitucional para la Corte Suprema fuera del procedimiento normal). Y al hilo de esa crítica otra que iría directa a la percepción de las ayudas europeas: «La recomendación de fortalecer la independencia judicial, formulada en el contexto del Semestre Europeo (cuando ha de abrirse el grifo a nuevos tramos de subvenciones) sigue sin abordarse».

«Los mecanismos de control independientes siguen siendo insuficientes para detectar la corrupción» y «persiste la preocupación por la falta de controles sistemáticos y la supervisión insuficiente de las declaraciones de activos e intereses». Y como desaprobación cortante para el final, habla de que «el pluralismo de los medios sigue en peligro», con referencia explícita a que durante la pandemia «cantidades significativas de publicidad estatal han continuado permitiendo que el Gobierno ejerza influencia política indirecta sobre los medios».