Austria cobrará a los refugiados hasta 840 euros por solicitar asilo en el país

Este proyecto de ley todavía debe ser aprobado en el Parlamento, donde el Gobierno cuenta con una clara mayoría. Entre otras medidas, se establece que los refugiados deberán contribuir a los costes del proceso de tramitación de asilo con el dinero en efectivo que lleven consigo, hasta un máximo de 840 euros, informó la televisión pública austríaca ORF.

Las autoridades podrán acceder a sus teléfonos móviles para rastrear sus trayectorias y comprobar que los datos facilitados por los solicitantes de asilo coinciden con los dados sobre los viajes que hicieron hasta llegar a Austria. Es decir, se trata de verificar que no hayan mentido a las autoridades, sobre todo en cuanto al primer país de la Unión Europea (UE) al que han llegado, ya que es allí donde las normativas comunitarias, el reglamento de Dublin, establecen que se debe tramitar la solicitud de asilo. Además, si en el control de los aparatos las autoridades descubren indicios de alguna actuación delictiva, deberán abrir una investigación.

Por otro lado, «aquellos refugiados que cometan un delito serán recluidos de inmediato en centros especiales y de allí sacados del país», afirmó el vicecanciller y líder del ultraderechista Partido Liberal (FPÖ), Heinz-Christian Strache, y precisó que esta medida incluye a los inmigrantes menores de edad.

El derecho a permanecer en Austria se perderá si la persona viaja a su país de origen después de haber llegado a la república alpina.

El ministro del Interior, Herbert Kickl, del FPÖ, recordó que el Gobierno, surgido de las elecciones de octubre pasado, asumió el poder con la intención de introducir una política de asilo lo más restrictiva posible. En reiteradas ocasiones, Kurz ha reconocido que uno de los principales objetivos de éstas y otras medidas es reducir el atractivo de Austria como destino para refugiados. Kickl abogó por trabajar para que en el futuro ningún refugiado pueda solicitar asilo en suelo de la Unión Europea, sino que deba hacerlo en centros situados en países no comunitarios.