La UE apuesta por más control fronterizo para enmendar su política migratoria

¿Sus pilares? Una vigilancia más extrema en las fronteras exteriores, con refuerzo de sistemas de identificación y cribado para una devolución más rápida; el reparto sin cuotas prefijadas entre los países bajo los principios de «responsabilidad y solidaridad». Una distribución, a priori, voluntaria, pero obligatoria en los momentos de mayor tensión. E incluye un cambio de las cuotas de reubicación por cuotas de retorno. Es decir, que todos los países se hagan cargo de la expulsión de irregulares. A ello se suma una colaboración más estrecha con los territorios ajenos a la UE mediante asociaciones «a medida y mutuamente beneficiosas»; y un papel mucho más activo de la Guardia Europea de Fronteras y Costas, cuyo despliegue está previsto para el 1 de enero de 2021.

Por partes. «El sistema actual ya no funciona», se subraya en el proyecto presentado este miércoles por el Ejecutivo comunitario. No es que suponga un 'borrón y cuenta nueva', pero sí intenta crear un circuito mucho más ágil, casi automático. Lo intenta. Otra cosa es que consiga garantizar la plena seguridad de quienes buscan protección o una nueva vida. Y que atenúe la preocupación de los países europeos fronterizos (la propia Grecia, Malta, Chipre, Italia o España) ante picos de flujos migratorios; si hallarán o no la solidaridad de los demás. Y si, al mismo tiempo, aplacarán los recelos de las capitales (Viena, Budapest o Varsovia, son las más reacios) que no están en esa primera línea para echar una mano.

«Moria es un duro recordatorio de que se ha agotado el tiempo»; no se puede seguir así, «en una casa a medio construir. Ha llegado el momento de unirnos en torno a una política migratoria europea común», subrayó el comisario responsable de la Promoción del Estilo de Vida Europeo, Margaritis Schinas. La nueva propuesta trata, ha añadido, de «proporcionar las piezas que faltan al rompecabezas».

Y esas piezas comienzan a colocarse en las fronteras exteriores de la UE. Con la identificación de todas las personas que la cruzan sin permiso o que han sido desembarcadas después de una operación de rescate. Serán controles sanitarios y de seguridad, extremando la toma de huellas dactilares y su registro en la base de datos Eurodac. Los chequeos serán más exhaustivos y deberían resolverse en cinco días. Después de la selección, «se puede canalizar a las personas al procedimiento adecuado, ya sea en la frontera para determinadas categorías de solicitantes o en un procedimiento de asilo normal». Decisiones rápidas sobre asilo o retorno. El reto, acotarlas a un periodo no superior a las doce semanas. Todo ello requerirá un refuerzo y modernización de la infraestructura digital

El segundo pilar, se refiere a la implicación de los Estados miembros. «Estarán obligados a actuar de forma responsable y solidaria entre sí». Pero esa obligación «sin excepción alguna» sólo se exigiría en momentos de tensión, para apoyar a los socios bajo presión y garantizar que la Unión cumpla con sus obligaciones humanitarias.

Y en este punto, las fórmulas de compromiso son múltiples. Y la Comisión Europea se reserva la potestad para establecer los repartos en base a la situación de los Estados miembros y a cómo fluctúen las presiones migratorias. Un «sistema de contribución flexible», se asegura, que se movería desde la reubicación de los solicitantes de asilo desde el país de primera entrada «hasta asumir la responsabilidad de las personas que regresan sin derecho a permanecer o diversas formas de apoyo operativo».