Alemania apremia a Hungría y Polonia a levantar su veto al fondo de recuperación

Presión de Alemania, a la que le queda poco más de un mes de presidencia rotatoria en la UE, con Angela Merkel especialmente proactiva, tirando de telefóno para intentar convencer a Viktor Orban. No está sola. El frente es de Veinticinco a dos. Porque en este primer foro de alto nivel, el de la resaca del veto, se reafirmó que los dos países de Visegrado -ese club del Este que completan Eslovaquia y la República Checa- no cuentan si quiera con el respaldo de sus socios tradicionales.

«No es el momento de vetos, sino de actuar con rapidez y en espíritu de solidaridad. Este es un tema de responsabilidad conjunta», insistía Roth en un tono algo más enérgico que el que marcan los estándares diplomáticos. Era parte de esa coreografía que entremezcla intimidación y frustración y que empapó los discursos de distintos portavoces nacionales. Pero sin efecto. Al menos por ahora. Budapest y Varsovia (más la primera que la segunda) mantienen el bloqueo aduciendo que la cláusula que condiciona la transferencia de fondos al respeto del Estado de Derecho es «ideológica» e «intrusiva». La responsable de justicia húngara, Judit Varga, aseguraba que «no queremos vivir nunca más en un sistema político en el que uno puede ser sancionado por motivos ideológicos sin violar ninguna regla». Su aseveración -claramente intoxicaba con el pasado del autoritarismo soviético- nada tuvo que ver con el tono de Polonia, cuyo ministro Konrad Szymanski, apuntaba a una mayor precisión en la redacción, a una «falta de certeza legal» sobre el mecanismo.

Pero «si todos dicen que respetan el Estado de Derecho, ¿por qué están asustados de la condicionalidad de Estado de Derecho?», se llegó a cuestionar el italiano Vincenzo Amendola. Cristalino. La cuestión es que más allá del tono enérgico también se intentó disipar la estigmatización. Cierto que las políticas regresivas de Hungría y Polonia las han colocado bajo el foco de la Comisión Europea y la Eurocámara y cierto también que ambos países tienen abiertos procedimientos legales por sus derivas.

Pero este martes se insistió en que la claúsula «no va contra nadie». De hecho, se hizo hincapie en «la importancia de que todos aprendamos de los demás para identificar en qué tenemos que mejorar». Una idea con la que el secretario de Estado alemán envolvió la primera tanda de informes sobre la situación particular de cada país que la UE ha comenzado a impulsar.

A examen en grupos de cinco, siguiendo un estricto orden alfabético y con presentación semestral, lo que que implica varios años por delante hasta completar el análisis de los Veintisiete. Pero todos tendrán que enfrentarse a esa reválida porque de lo que se trata, se remarcó, es de «dotarnos de un instrumento que contribuya a que de manera preventiva se puedan corregir las deficiencias que detectemos en el estado de derecho».

Así que presión, frustración e intentos de desagravio. Todo en un mismo paquete que habrá que ver si consigue acortar el tiempo que los primeros ministros Viktor Orban y Mateusz Morawiecki están dispuestos a mantener el pulso. En el horizonte, algún tipo de declaración formal envolvente e imprecisa. Ya han conseguido que sus colegas traten el asunto en la cumbre por videoconderencia de mañana.

Aunque la clave está en algo mucho más pragmático. El dinero. La primera ola de la pandemia les rozó, la segunda les ha golpeado con la misma crudeza que al resto de Europa. El presupuesto aún en vigor entregó a Polonia más de 75.000 millones de los Fondos y de INversión (estructurados en cinco partidas). En el caso de Hungría fueron 21.000 millones. El plan de recuperación, que permitiría a España ingresar 140.000 millones entre subvenciones directas y préstamos, prevé 64.000 millones para el primero y en torno a 15.000 para el segundo.