La UE desbloquea la asignación del fondo de recuperación de la pandemia

El compromiso que ha permitido sortear el peligro de colapso de uno de los elementos fundamentales de la política comunitaria se basa en la promesa de no discriminar a los países afectados y la inclusión de un procedimiento legal. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tendrá que analizar la legalidad del mecanismo de sanción antes de que entre en vigor, si uno de los estados miembros lo solicita.

El nuevo procedimiento se detalla en un documento que se presenta como una «declaración interpretativa». Negociado por la presidencia alemana de la Unión con los primeros ministros de Hungría, Viktor Orban, y Polonia, Mateusz Morawiecki, garantiza a ambos que el reglamento pueda aplicarse solo a partir de 2021. La intervención posterior del tribunal europeo aplazaría las posibles sanciones hasta un momento más conveniente para ambos políticos.

El control gubernamental de los jueces, las restricciones a la libertad de la prensa y a la actividad de oenegés, y el trato a las minoría, son las razones que llevaron al Parlamento Europeo a crear el mecanismo de sanciones en una negociación con estados miembros. Aunque la declaración no tiene fuerza legal en sí misma, el texto aprobado por el Parlamento sí la tiene.

La Comisión puede ahora iniciar el procedimiento de adjudicación de los fondos para la recuperación de los efectos económicos de la pandemia, que en el caso español podrían sumar 140.000 millones tras la presentación y aprobación en Bruselas del plan de distribución de las transferencias y préstamos comunitarios.

La falta de coordinación de la respuesta comunitaria a la primera fase de la pandemia de la covid-19 ha sido paulatinamente corregida y, en vísperas de la homologación y distribución de vacunas adquiridas conjuntamente, la presidencia alemana ha promovido una serie de medidas para dar mayor coherencia a las acciones de los diversos gobiernos y permitir la ordenada reducción de restricciones.

Entre las medidas debatidas por la Comisión se encuentran el reconocimiento de los test realizados en otro estado miembro, la extensión del uso de test más rápidos en la detección de antígenos, la creación de un formulario común para los pasajeros de vuelos y dar ímpetu a las modificaciones que permitan que las aplicaciones telefónicas que habilitan los sistemas de rastreo sean operativas en todos los territorios.

En el quinto aniversario del Acuerdo de París sobre el cambio climático, la Comisión quiere acelerar el proceso de descarbonización, estableciendo un nuevo objetivo de reducción en 2030 del 55% de las emisiones de CO2 con respecto a las de 1990. El avance de las ambiciones ha sido rápido. En 2008 era de un 20% y en 2014, del 40%.

En 2019 ya se había establecido el objetivo de una UE «neutral con respecto al clima» en 2050. El nuevo programa subvencionará a las regiones con más dificultades para emprender la transición en sus economías. Y la política del clima de enmarca dentro del plan de inversiones del «Pacto Verde», que absorberá el 30% del presupuesto comunitario en el periodo 2021-2027.

La Comisión también analizó un documento para dar a los estados miembros derecho a exigir a las empresas proveedoras de internet que eliminen contenidos de promoción del terrorismo o que tomen medidas para inhabilitar el acceso. Cada estado miembro regulará las normas y sanciones y podrá analizar la justificación de órdenes dictadas por otros estados miembros a proveedores en su territorio. Individuos y empresas podrán disputar las órdenes.

El presidente de la Comisión, Charles Michel, afirmó antes de la reunión que los jefes de Estados y de Gobierno de los 27 iban a recibir una explicación sobre las circunstancias en las que se encuentra la negociación de un acuerdo sobre la futura relación comercial con Reino Unido, pero que no iba a ser sometido a debate. El primer ministro británico, Boris Johnson, afirmó en Londres que en los próximos días quieren entrevistarse con Angela Merkel y Emmanuel Macron.

En el capítulo de relaciones exteriores, el Consejo encomendó al Alto Representante de la UE, Josep Borrell, que presente en marzo un informe sobre la situación actual en torno a Turquía, que incluya un plan y la extensión de sanciones, como la congelación de fondos a individuos que han participado en acciones considerados contrarios a la ley internacional en aguas de Grecia y Chipre.