El Parlamento rumano rechaza el decreto sobre la corrupción que desató las protestas

Dado que el Gobierno, encabezado por el Partido Socialdemócrata, ya lo había retirado, el paso de hoy ha sido una esperada formalidad para cerrar así cualquier amenaza de que esa norma pueda salir adelante. Ahora solo falta que el rechazo sea ratificado por el presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, para que sea definitivo. Tras la votación, la presidenta interina del opositor Partido Nacional Liberal, Raluca Turcan, pidió la dimisión del Gobierno.

A pesar de que hace días que el Gobierno retiró el decreto que preveía despenalizar los casos de corrupción si causaban pérdidas al Estado por debajo de 44.000 euros, miles de ciudadanos siguen protestando estos días frente a la sede del Ejecutivo en Bucarest.

No obstante, el número de los manifestantes que siguen saliendo a las calles como señal de que continúan vigilantes ante cualquier intento que socave la lucha contra la corrupción, es considerablemente menor que el de los que participaron en las primeras protestas contra la medida, las mayores desde la caída del comunismo en 1989.

Además de la ira de los ciudadanos, Iohannis, la Unión Europea y varios países occidentales expresaron su preocupación de que Bucarest pueda debilitar la lucha contra la corrupción. La Fiscalía Anticorrupción ha logrado encarcelar desde 2010 a más de 3.000 políticos y funcionarios, incluidos ministros y el ex primer ministro Adrian Nastase, lo que le ha valido los elogios de la Comisión Europea.