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Diana Martínez
Sábado, 28 de marzo 2020, 19:37
Rusia se posiciona en el bando de Venezuela ante las acusaciones de Estados Unidos contra su presidente y otros dirigentes chavistas. El Gobierno del magnate norteamericano anunció el pasado jueves la imputación de Nicolás Maduro por «narcoterrorismo» por la que ha ofrecido una recompensa de ... hasta 15 millones de dólares por información que lleve a su arresto. El dirigente chavista calificó de «locura» la recriminación y Rusia se ha sumado tachándola de «absurda». «Quedamos sorprendidos al enterarnos de la acusación del fiscal general de EE UU, que acusa a las autoridades venezolanas de una participación directa en el tráfico internacional de drogas», manifestó ayer la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajarova, en rueda de prensa.
El Ejecutivo de Vladímir Putin es el segundo aliado de Maduro en rechazar la acusación estadounidense. Ya lo hizo el ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, al tacharla de «inmoral». «Aún en tiempos de Covid-19, el Gobierno de EE UU demuestra que constituye la principal amenaza a la paz y tranquilidad de nuestra América», señaló en su cuenta de Twitter.
Entre los imputados por el Departamento de Justicia norteamericano se encuentran el presidente de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello; el vicepresidente económico, Tareck El Aissami; y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino. La Justicia estadounidense sostiene que desde hace años Maduro lidera un auténtico cártel de funcionarios chavistas que se alió con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en un esfuerzo por «inundar» de droga Estados Unidos. Según el fiscal general, William Barr, Maduro dio protección política y militar a la extinta guerrilla y le proporcionó armas para su lucha contra el Estado colombiano a cambio de que fuera su proveedor de droga.
El presidente de Venezuela advirtió estar dispuesto a «combatir los falsos» cargos penales «en todos los terrenos». Defendió que tanto su vida como la del resto de los miembros de su Gobierno «ha sido la lucha social. Si algo he cultivado ha sido la honestidad de un revolucionario». El canciller, Jorge Arreaza, por su parte, acusó a la Casa Blanca de intentar una «nueva modalidad de golpe de Estado». A pesar de ello, la lucha entre ambos territorios continúa y un nuevo movimiento ha puesto en jaque al mandatario chavista.
El general en retiro venezolano Clíver Alcalá, que se encuentra en la lista de acusados por Trump y que fue cercano colaborador de Hugo Chávez, se entregó ayer en Colombia a las autoridades de Estados Unidos que lo culpan de narcotráfico con la intención de declarar contra Maduro, y tras eludir una orden de detención emitida por las autoridades venezolanas, que le acusan de traición, según han informado medios locales. El exmilitar, que vivía en la ciudad colombiana de Barranquilla desde hace dos años, fue enviado a Nueva York en un vuelo con permiso especial ante el confinamiento general decretado en Colombia para frenar la pandemia del coronavirus.
Alcalá se retiró de las fuerzas militares en 2013, cuando Maduro asumió el poder del país petrolero tras la muerte de Chávez por un cáncer. En aquel momento se convirtió en opositor a Maduro, huyó a Colombia y unió fuerzas con el parlamentario Juan Guaidó, reconocido por medio centenar de países como presidente interino de Venezuela.
El señalamiento de Washington es la última escalada de esfuerzos del Gobierno de Donald Trump para sacar del poder a quien considera un dictador y por quien ofreció hasta 15 millones de dólares de recompensa. Estados Unidos ha dictado numerosas sanciones contra Maduro y altos cargos venezolanos, entre ellos Cabello y El Aissami, por narcotráfico, corrupción y violaciones de los Derechos Humanos.
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