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iñigo gurruchaga
Londres
Jueves, 4 de marzo 2021, 10:06
El Gobierno británico ha decidido extender los «periodos de gracia» hasta el establecimiento de varios controles aduaneros entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte sin consulta previa con la Unión Europea. La ampliación del plazo comenzaría el 1 de abril y se extendería hasta el ... mes de octubre. Constituye una quiebra del Acuerdo de Retirada, cuya última revisión fue consensuada en diciembre.
La Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo, que se reunía este jueves con el objetivo de establecer una fecha para la ratificación del acuerdo comercial finalizado el día de Nochebuena, aplazó la decisión. Sus miembros no están dispuestos a proponer una votación mientras persista la amenaza de quebrar el otro tratado internacional que regula la marcha británica de la UE.
La extensión del periodo provisional en el que no se aplican todos los controles fue el asunto central en la reunión que mantuvieron el vicepresidente de la Comisión, Maros Sefcovic, y el ministro británico, Michael Gove, el 24 de febrero. El dirigente comunitario prometió flexibilidad, pero exigió que Reino Unido provea a su vez el acceso a sus sistemas sobre movimientos aduaneros.
Sin aviso previo. De forma unilateral decide ampliar hasta octubre el 'periodo de gracia' para controles aduaneros
Nuevo incumplimiento. Gove llegó a pedir a Sefcovic que se aplazase la entrada en vigor de los controles hasta 2023
Medidas legales. La Comisión podría iniciar un procedimiento de infracción ante el Tribunal de Justicia de la Unión
Gove pidió que se aplazase la entrada en vigor de los controles hasta 2023. Sefcovic respondió subrayando que Londres no está cumpliendo el compromiso de facilitar datos en tiempo real y que tampoco aplica controles ya vigentes. Estarían permitiendo el tránsito de mercancías irregulares procedentes de Gran Bretaña a la república de Irlanda. Se esperaban anuncios del Comité Conjunto desde entonces.
Londres anunció el miércoles su decisión unilateral- «parte de la pragmática y proporcionada implementación del Protocolo sobre Irlanda del Norte»- en una declaración publicada por el portavoz del Gobierno sobre asuntos norirlandeses en la Cámara de los Lores. Portavoces del primer ministro afirman que se notificó antes la decisión a la UE y al Gobierno de Dublín «a nivel de funcionarios».
El vicepresidente Sefcovic se reunió con el Grupo de Coordinación de Reino Unido en el Parlamento de Bruselas, tras advertir de que la Comisión estudia medidas legales. Podría iniciar un procedimiento de infracción, que en su final falla el Tribunal de Justicia de la Unión. El plan británico facilitaría la circulación de mercancías ilícitas en el mercado común diez meses después del 'brexit'.
La decisión de Londres coincide con el ascenso de David Frost, negociador británico del Tratado, a la posición de ministro para gestionar el 'brexit' en sustitución de Gove. Frost y su equipo ya habrían convencido a Boris Johnson de incluir, en una ley de 2020, cláusulas que permitían a ministros británicos abolir las normas del Protocolo irlandés. Fueron finalmente retiradas.
«Es la segunda vez que el Gobierno de Reino Unido se dispone a quebrar la ley internacional», se ha quejado Sefcovic. La necesidad de controles aduaneros se deriva del tipo de 'brexit' elegido por Londres, que deja a Irlanda del Norte en los territorios aduaneros británico y comunitario. Y empresas de la región señalan que el mayor problema es la falta de preparación de sus proveedores en Gran Bretaña.
Aunque la posición comercial de la región es ahora claramente ventajosa, unionistas probritánicos creen que las aduanas fracturan el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. La Ley de la Unión, de 1801, prohibiría crear barreras comerciales entre dos partes del reino. Consideran también que la obligación de cumplir leyes comunitarias sin ser representados es un dictado no democrático.
Finalmente, los unionistas ahora movilizados para abolir el Protocolo irlandés del Acuerdo de Retirada, creen que sus circunstancias actuales son consecuencia de una hipócrita defensa por Bruselas del Acuerdo de Viernes Santo. Habrían convertido en anatema el establecimiento de aduanas en la frontera entre las dos Irlandas, por el temor a reavivar la violencia de grupos republicanos proirlandeses.
Pero, cediendo a esa amenaza, el Protocolo quiebra un aspecto minúsculo y esencial del acuerdo de paz. En él se establece que las decisiones complejas en la Asamblea de Belfast han de tomarse por sendas mayorías en los escaños unionistas y nacionalistas. Londres y Bruselas acordaron dar voz a ese Parlamento para confirmar la renovación del Protocolo: por cuatro años mediante voto mayoritario y por ocho cuando haya apoyo de las dos comunidades. El unionismo crispado considera inaceptable el primer procedimiento.
Un consejo de «grupos lealistas»- autores de múltiples crímenes durante tres décadas de guerra terrorista- ha escrito al primer ministro advirtiéndole de que retiran su apoyo al acuerdo de paz de 1998- que en su día respaldaron- «hasta que nuestros derechos sean restaurados». Se unen así, con protestas «pacíficas y democráticas», al DUP. El gran partido unionista fue minoría en la región votando contra el gran pacto del proceso de paz, hace 23 años, y en favor del 'brexit' en 2016.
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