Reino Unido permite a la UE aplazar la ratificación del 'brexit'

Pero el ministro británico, Michael Gove, a quien sus colegas de 'The Times' llamaban 'The Prefect' (el prefecto) cuando fue periodista, escribió este martes quizás su última carta a la Comisión Europea con una exigencia de puntualidad y orden que ignoraba el agotamiento, las víctimas, el humo y la rabia en el paisaje que han dejado los dos primeros meses de la separación.

Gove, representante interino de Reino Unido en el Consejo de Asociación, que es el máximo comité conjunto que supervisa el Acuerdo de Comercio y Cooperación (ACC), puntualizaba en su misiva: «Nuestra expectativa es que la UE sea capaz de cumplir sus compromisos internos antes del 30 de abril y que, por tanto, no se nos pedirá otra extensión del periodo provisional de aplicación del ACC más allá de esa fecha».

Para entender el asunto que había picado al factótum del Gabinete británico hay que sumergirse en la tediosa burocracia de la Unión Europea. En el Acuerdo del 'brexit', presentado en la Nochebuena de 2020, se dice que se aplicaría provisionalmente hasta el 28 de febrero. El Parlamento Europeo exigía ese plazo para analizar y ratificar el documento.

«Como sabes», le escribe Gove al vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Seferovic, «la aplicación provisional del acuerdo no era la opción preferida de Reino Unido, por la incertidumbre que crea a los individuos, a las empresas y también a las Partes (del acuerdo)». El Gobierno de Johnson logró efectivamente que uno de los Parlamentos democráticos más viejos del mundo ratificase en veinticuatro horas las 1.449 páginas.

Siguiendo el protocolo de las instituciones comunitarias, la Comisión envió al Consejo el pasado día 10 un borrador de propuesta para iniciar la ratificación del Acuerdo en el Parlamento. La aprobó el 16 y en el texto pide al Consejo de Asociación que fije una fecha posterior al día 28, para dar tiempo a que se terminen las veinticuatro traducciones verificadas en los idiomas de los estados miembros.

El malestar de Gove no parece justificado en esta ocasión. Quizás es mera fachada, porque se despide de Seferovic escribiendo con su puño y letra: «Y muchas gracias por todo tu apoyo». La expresión de agradecimiento y afecto también es extraña. Suena a despedida, aunque está previsto que se vean este miércoles, por última vez, en el Comité Conjunto para el Protocolo irlandés.

En Irlanda del Norte hay tensión por el 'brexit', porque la política de la región es tortuosa. Un ejemplo. David Trimble, Premio Nobel de la Paz en 1999 por el Acuerdo de Viernes Santo, dijo en octubre de 2019, cuando Boris Johnson firmó el Acuerdo de Retirada de la UE, incluyendo el Protocolo, que era «un gran paso adelante» respetuoso con el pacto constitucional en la provincia. Este martes indicó que el Protocolo irlandés debe ser eliminado.

La ministra principal, Arlene Foster, animó a la población a aprovechar las innegables oportunidades del nuevo estatus de la región, que está en el mercado único y en el británico. Ahora encabeza una alianza de políticos unionistas que quieren pedir a los tribunales una revisión de la constitucionalidad del Protocolo. Unionistas probritánicos que votaron por el 'brexit' quieren la abolición de lo firmado y ratificado por el Gobierno y el Parlamento británicos.

El vicepresidente Seferovic repitió que la UE no considera la eliminación del Protocolo cuando ofrece flexibilidad para resolver los problemas de la implementación apresurada. El ministro alemán para Europa, Michael Roth, respaldó el argumento. Seferovic tendrá que negociar en el futuro con el nuevo ministro británico, David Frost, a quien Gove cede ahora el envenenado asunto del 'brexit'.

Diplomático de rango medio, Frost pasó a la representación del whisky escocés antes de expresar ideas ''brexiters'. Lo contrató Johnson cuando fue ministro de Exteriores, luego negoció el ACC con Michel Barnier y en un mes ha pasado de ser el futuro presidente del Consejo Nacional de Seguridad a consejero personal del primer ministro, a consejero mayor y a ministro para las relaciones con la UE, a la que quiere acostumbrar, según ha dicho, a la existencia de un vecino soberano.