La UE y el Reino Unido acercan posturas sobre el Protocolo irlandés

A finales del pasado año, especialistas del Gobierno británico ya habían mostrado a sus colegas de la Unión Europea el nuevo sistema informático que permitiría a los funcionarios de la Unión recibir datos sobre esos tránsitos en tiempo real. El Protocolo regula entre otras cosas los controles aduaneros entre puertos ingleses, escoceses y galeses, y los de Irlanda del Norte.

Esos controles son necesarios, a juicio de la Unión, para impedir que entren mercancías ilegítimas en su mercado, desde Irlanda del Norte a la República de Irlanda. El Gobierno británico ha insistido en que el volumen del comercio es tan pequeño y los destinos tan conocidos que no son necesarios tantos controles. La Comisión se ha quejado de que no recibía datos del movimiento en las aduanas.

Es quizás el menor de los problemas que Cleverly y Sefcovic tienen que resolver para que los unionistas pro-británicos del DUP acepten un Protocolo reformado. Piden su derogación antes de reintegrarse en la autonomía norirlandesa, derribada desde las elecciones de mayo. El Parlamento regional se recreó en 1998, en el Acuerdo de Viernes Santo, del que se cumplirán 25 años en abril.

El ex primer ministro irlandés y ahora responsable de Exteriores, Micheál Martin, viajará hoy a Bruselas para impulsar el entendimiento. En los pocos días en los que Liz Truss ejerció de primera ministra británica, ya se hizo pública una nueva cordialidad entre Londres, Dublín y Bruselas. El liderazgo de Rishi Sunak la habría estimulado. Este principio de acuerdo promueve la mutua confianza.

La Comisión ya ha expresado su disposición a reducir drásticamente los controles aduaneros y, aunque los técnicos tienen que pulir los detalles, el sistema propuesto por la parte británica (canales aduaneros rojo y verde según el destino de la mercancía, registro de comerciantes frecuentes, sanciones, compartir información, etcétera) parece susceptible de ser consensuado.

Más problemático para la Unión sería quizás aceptar el sistema dual de regulaciones comunitarias o británicas en la provincia. Productos ordinarios que provenían de Gran Bretaña no pueden entrar en Irlanda del Norte o son tratados como importaciones porque no cumplen las primeras. Un sistema de label que filtre la coexistencia en la región de esa regulación dual es la sugerencia británica.

Como Irlanda del Norte permanece en el sistema del IVA comunitario, no puede beneficiarse de decisiones del Gobierno británico para la economía del conjunto del Reino Unido. Lo mismo ocurre con los subsidios. Londres se escuda en la escasa divergencia en el pasado y aboga por las consultas y resoluciones de desacuerdos previstas en el Tratado de Comercio y Cooperación para sortear ese obstáculo.

El Gobierno de Sunak quiere también eliminar el papel del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como árbitro primero y único en disputas. Quiere reproducir el sistema de arbitraje del Tratado. Pero no ofrece solución a otra queja unionista, la de haber sido marginados en un sistema en el que tienen que obedecer leyes y normas sin voz ni voto.

Es posible que los negociadores del Protocolo logren un acuerdo pero la autonomía norirlandesa no se restablecerá. En la enrevesada política de la región, el DUP es intransigente para recuperar votos perdidos al unionismo más radical en las pasadas elecciones. Sin ellos quedaría segundo de nuevo en el Ejecutivo autonómico, tras el Sinn Féin, partido asociado históricamente al IRA.