Putin, ante el problema de reemplazar las abultadas bajas en Ucrania

Ante esta situación, el presidente Vladímir Putin podría movilizar a la población masculina y enviarla a luchar a Ucrania en el caso de que existiera una declaración de guerra previa. Pero el impacto que tal medida tendría en la sociedad rusa, en donde, en términos generales, casi nadie está dispuesto a morir en una contienda cuyos fines son difusos (desnazificación, desmilitarización, proteger a Dombás del genocidio, luchar contra la OTAN o eliminar la amenaza que supuestamente Ucrania supone para Rusia), parecen aconsejar limitarse por ahora a una simple «operación especial militar», que es lo que Putin decretó el pasado 24 de febrero.

El problema es que esta fórmula no permite legalmente obligar a nadie a combatir ni a echar mano de los jóvenes que están haciendo el servicio militar. Todo el peso de la operación recae exclusivamente sobre los militares profesionales, los que ya pertenecían de antes a la Fuerzas Armadas rusas y los que, mediante contrato, se están alistando en medio de la campaña de enganche que el Ministerio de Defensa ruso está impulsando para suplir las abultadas pérdidas que suman cada día sus efectivos en Ucrania.

En Rusia existe el servicio militar obligatorio para todos los varones de entre 18 y 27 años. Tiene una duración de 18 meses, salvo para los que tengan educación superior, en cuyo caso tienen doce meses de servicio y con la posibilidad de acomodar los plazos a sus necesidades académicas. Sin embargo, a los soldados de reemplazo no se les puede enviar a un conflicto. Así lo anunció a principios de marzo el ministro de Defensa, Serguéi Shoigu.

Luego se descubrió, sin embargo, que a Ucrania habían sido destinados jóvenes, muchos con los 18 años recién cumplidos, que estaban haciendo la mili. Putin protestó, exigió que no se volviera a repetir y dispuso una investigación para esclarecer la forma en que habían ido a parar al campo de batalla.

Lo cierto es que, mucho después, tras el hundimiento del crucero Moskvá, el pasado 14 de abril, se supo, gracias a las solicitudes cursadas por los familiares en demanda de noticias sobre su paradero, que gran parte de la tripulación que pereció en el naufragio eran marineros de reemplazo. Bajo la fiscalización del Comité de Madres de Soldados se está tratando de evitar que estos jóvenes «no profesionales» sean enviados a la guerra.

Así que todos los esfuerzos del Ministerio de Defensa ruso están ahora dirigidos a reclutar el mayor número posible de «kontráktniki», civiles preferiblemente con experiencia de servicio anterior en las fuerzas de seguridad (Ejército, Policía, Guardia Nacional o servicios secretos), a los que se ofrece un contrato profesional por un periodo determinado de tiempo y unas condiciones salariales específicas. No obstante, dada la imperiosa necesidad de tener más soldados en el frente, es posible que los Comisariados Militares que efectúan en Rusia los alistamientos no sean demasiado escrupulosos a la hora de exigir destreza en el manejo de las armas.

El oficial de la inteligencia rusa y antiguo comandante en jefe de las fuerzas rebeldes de Donetsk, Ígor Guirkin (Strelkov) ha denunciado repetidamente las deserciones entre los militares de base contratados, a los que, al parecer, no se les puede aplicar la ley marcial. El sueldo de un soldado raso de contrato oscila entre los 35.000 y los 100.000 rublos (entre 500 y 1.500 euros). Pero las noticias que les llegan de las numerosas bajas sufridas en Ucrania hacen que muchos recurran a la deserción o a desobedecer órdenes. Y muchos que habían pensado en alistarse en un primer momento terminan echándose para atrás. Guirkin está convencido de que «tarde o temprano habrá que decretar la movilización general si queremos ganar la guerra».

Hay además controversia en torno a la cantidad que perciben como compensación los familiares de los militares rusos muertos en Ucrania. Los medios de comunicación ucranianos, que citan fuentes gubernamentales de Kiev, hablan de un único pago de 10.000 rublos (unos 150 euros), pero el presidente checheno, Ramzán Kadírov, cuyos soldados ha enviado a Donbass y participan en el asalto a la acería Azovstal, asegura que es «mentira». De acuerdo con sus informaciones, «la familia de un militar caído en Ucrania recibe dos millones de rublos» (casi 31.000 euros).