El plan colombiano para desmantelar al narco se vuelve contra Petro

En esencia, Paz Total es un programa con el que Petro quiere poner fin mediante el diálogo a la violencia de los grupos paramilitares y los cárteles de la droga, especialmente el del Golfo. Entre unos y otros, el país se ha desangrado durante décadas, con una sucesión constante de enfrentamientos y atentados que han causado al menos medio millón de muertes y centenares de miles de desplazados, huidos de las regiones en conflicto. En el caso concreto del narco, el Gobierno propone a sus cabecillas reducir sus penas y prohibir su extradición a Estados Unidos siempre que cierren el 'negocio'; es decir, delaten el lugar donde se asientan sus laboratorios, las zonas de cultivo y las rutas de suministro de los estupefacientes. El plan, sin embargo, ha encontrado un fuerte rechazo entre los partidos de la derecha, los poderes financieros e incluso un alto número de mandos policiales y del Ejército.

Ante la última batería de insinuaciones, el Gobierno ha hecho público un informe de tres páginas en el que, citando cifras de la Policía Nacional, destaca que entre el 7 de agosto de 2022 (fecha en la que el presidente tomó posesión de su cargo) y el 14 de marzo de 2023 han sido incautados 189.457 kilos de cocaína, 169.375 kilos de marihuana y otros, 32.201 de base de coca. Además, se han destruido 1.963 laboratorios productores de estas sustancias en unas operaciones que, según las estimaciones oficiales, han propinado duros golpes a las infraestructuras financieras de las organizaciones criminales.

Previamente, Petro ya había respondido al fiscal a través de Twitter: «Esto es una verdadera calumnia. Nadie en Colombia ha propuesto legalizar la cocaína. El fiscal confunde campesinos cultivadores de hoja de coca con narcotraficantes. Por eso, las cárceles se llenan de campesinos y los narcos se pasean en helicópteros».

El comunicado de la Casa Nariño, sede del Gobierno de Colombia, relaciona por su parte estas acusaciones con el clima político y la idea de ir 'calentando motores' ante las elecciones regionales del próximo 29 de octubre. El Ejecutivo lamenta que ante una de las citas electorales «más importantes del país, algunos ciudadanos se encarguen de usar el narcotráfico como narrativa proselitista, poniendo en riesgo la vida de cientos de campesinos». Y entiende que el fiscal Barbosa ha »inventado una falsedad« para pocisionarse políticamente como candidato. Tales afirmaciones, continúa el comunicado gubernamental, degrada el debate público sobre un conflicto que exige plena rigurosidad «toda vez que el narcotráfico es una actividad que cobra miles de vidas en el país y en el mundo».

Desde su llegada al poder, Petro ha manifestado su firme deseo de luchar contra quienes obtienen las riquezas del negocio de la droga en lugar de atacar a los campesinos cultivadores. También ha expuesto la idea de dar un vuelco a la política de lucha contra las sustancias ilícitas golpeando las riquezas de los grandes narcotraficantes. Para el presidente de Colombia, el campesino representa el eslabón más débil de la cadena. Según él, «los campesinos tienen en el cultivo de la coca su único medio de sustento».

A punto de cumplir ocho meses en el poder, Petro está siendo cuestionado por un discurso político enmarcado en la lucha de clases, de favorecer a los pobres y estar en contra de los ricos. Ya ha tenido que efectuar varios cambios de ministros, que se manifestaron en contra de las reformas de la salud, de las pensiones, medio ambiente y trabajo. Ha abierto muchos frentes, y entre sus incondicionales cunde la sensación de que quiere dar un cambio al país en un año, más allá de lo que no se ha podido hacer en setenta.

La negociación del proceso de paz con el ELN (Ejército de Liberación Nacional) es otro proyecto que ha sembrado serias dudas en la sociedad, especialmente después del atentado perpetrado por este grupo hace apenas diez días en el que murieron siete soldados que prestaban el servicio militar y dos suboficiales. Petro repudió el ataque y declaró que un proceso de paz «debe ser serio y responsable con la sociedad colombiana». Sin embargo, en las últimas semanas el ELN ha incrementado el hostigamiento contra la población civil de varias regiones.

El ELN excusó su ataque a la base militar en una disputa con las fuerzas armadas. Según el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, «el cese al fuego bilateral es un punto que está en la agenda con el ELN y lo queremos acelerar», declaró. El funcionario exigió al grupo guerrillero que obre con coherencia, «respete el Derecho Internacional Humanitario y genere confianza en la sociedad colombiana». En la misma entrevista con Colombia Hoy Radio, el comisionado señaló que en «el Gobierno del cambio es innecesario el uso de la fuerza. El derramamiento de sangre de soldados, policías, campesinos, afros o indígenas o de cualquier habitante es inútil. Esa es una posición ética».