iñigo gurruchaga
Londres
Martes, 22 de marzo 2022, 15:30
Un juez de Londres ha rechazado la petición de la Policía para que forzase la entrega de datos en poder de un periodista que permitirían procesar al supuesto autor de un atentado del grupo terrorista irlandés IRA, que causó la muerte de 21 personas y ... 182 heridos. La decisión da prioridad a la protección de la identidad de las fuentes estipulada en la Convención Europea de Derechos Humanos.
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El IRA, ahora militarmente inactivo, nunca ha reconocido oficialmente que sus miembros colocaron, el 21 de noviembre de 1974, las dos bombas en pubs en calles céntricas de la ciudad de Birmingham que provocaron la masacre. Otro artefacto abandonado en el exterior de una sucursal bancaria no explotó. El comando envió un aviso tardío a la Policía sobre el tiempo de la explosión.
Seis irlandeses fueron detenidos en las horas siguientes y posteriormente condenados a cadena perpetua. Chris Mullin, que trabajaba para una televisión local y fue más tarde diputado laborista, investigó el atentado y el juicio. Su trabajo fue decisivo para la anulación de la condena y la puesta en libertad de los encarcelados durante 17 años. Mullin también habló con los autores del crimen.
La Policía regional pedía al juez Mark Lucraft que obligase a Mullin a entregarle fragmentos de sus anotaciones en las entrevistas que mantuvo con miembros del comando del IRA. Ha entregado a los detectives en el pasado partes sustanciales de sus notas para esclarecer el delito, pero con párrafos tachados que podrían identificar al miembro del IRA que le confesó ser uno de los autores del atentado.
Su nombre es conocido. Medios británicos lo publican tras el anuncio de la sentencia. Fue condenado a diez años de prisión por su participación en otros cuatro atentados con explosivos. Los abogados de la Policía han argumentado que las notas de Mullin, en la década de los ochenta, serían una prueba significativa para iniciar un procedimiento judicial con posibilidad de éxito.
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Mullin prometió a los miembros del IRA que no desvelaría sus fuentes. Solo ha publicado el nombre de fallecidos. El juez Lucraft reconoce en su sentencia que el caso opone dos cuestiones de interés público. Se apoya en la jurisprudencia de tribunales británicos sobre el Artículo 10 de la Convención para afirmar que no hay en la demanda «un interés público predominante» para negar la protección de ese artículo.
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