El Papa prohíbe aceptar en el Vaticano regalos de más de 40 euros

Con esta normativa, los cardenales y directivos de los organismos de la Santa Sede tendrán además que firmar una declaración en la que aseguran que no tienen condenas ni están siendo juzgados o investigados por fraude, terrorismo, lavado de dinero negro, explotación de menores, evasión fiscal o corrupción. Tampoco se les permite tener inversiones en paraísos fiscales o participaciones en empresas que actúen en sectores considerados contrarios a la doctrina social de la Iglesia católica. Deberán firmar este documento en el que certifican su trayectoria penal intachable tanto en el momento de iniciar su relación laboral con la Santa Sede como cada dos años.

La nueva ley anticorrupción, aprobada con un 'motu proprio' del Papa, llega casi un año después de la aprobación de otra norma que marcó un antes y un después en la forma de gestionar a los proveedores y contratistas por parte del pequeño Estado, en demasiadas ocasiones influenciadas por las amistades o los intereses personales. Se trata del código sobre la transparencia, control y competencia en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano.

En el preámbulo de la nueva ley, Bergoglio justifica las ulteriores restricciones porque la corrupción «puede manifestarse en diferentes modalidades y formas, incluso en sectores distintos de la contratación pública». Por ello considera necesario intervenir en las distintas áreas para evitar «los conflictos de intereses, las modalidades clientelares y la corrupción en general». Con esta normativa la Santa Sede se ajusta a las prácticas aconsejadas por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

En sus ocho años de pontificado, Francisco ha realizado numerosos llamamientos contra este problema, que considera una «forma de blasfemia», «un cáncer que se lleva nuestras vidas». Así lo calificó en el prólogo del libro 'Corrosione' (Corrosión), del cardenal Peter Turkson. Pese a sus continuos proclamas, las sospechas de corrupción también han salpicado a uno de sus hombres de máxima confianza.

Es lo que ocurrió con el purpurado Angelo Becciu, que en su período como 'número dos' de la Secretaría de Estado (2011-2018) realizó una polémica inversión en un edificio situado en un lujoso barrio de Londres que está siendo investigada por la Fiscalía vaticana. Hasta el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, consideró que se había tratado de una operación «opaca».