Las guerras internas desangran Irán

Teherán mira con un ojo los movimientos de Donald Trump y es consciente de la imprevisibilidad de su política exterior. El otro lo tiene fijado en sus propias fronteras, donde grupos armados de las minorías kurda, baluchi y, en menor medida, árabe amenazan al Gobierno central. Las autoridades niegan que exista discriminación hacia estos grupos étnicos, pero ellos se quejan de la falta de derechos.

Las fuerzas de seguridad se enfrentan a la doble amenaza que forman el PJAK (Partido de la Vida Libre del Kurdistán, que es la facción iraní del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK) y el Ejército de la Justicia (heredero del Ejército de Dios, desmantelado en 2012). Se trata de dos grupos armados que surgen de las minorías kurda y baluchi en un país donde la mayoría es persa. A esto hay que añadir el factor sectario. Los suníes alcanzan apenas el 10% de un país de 78 millones de habitantes y la mayoría de ellos son baluchis o kurdos. Su lucha se mantiene en las zonas fronterizas de donde son originarios, pero siempre que tienen ocasión amenazan con llevar a cabo acciones en todo el territorio y, sobre todo, golpear en la capital para proyectar su causa a nivel internacional.

La última gran operación del PJAK se produjo el pasado verano cuando un comando kurdo atentó contra una base de la Guardia Revolucionaria próxima a la frontera con Irak. Once agentes iraníes perdieron la vida, Irán prometió venganza y un mes después atacó con misiles a una base de este grupo en Koya, en la zona kurda de Irak. Para el analista kurdo Zach Duff «Washington tiene la oportunidad única de apoyar a aliados dentro de Irán que comparten sus mismos intereses, valores y enemigos. El apoyo a los kurdos debe ser una parte clave de la estrategia para contener a Irán», según su último artículo publicado en 'The Jerusalem Post'.

Además de los kurdos, los baluchis también tienen un grupo armado y esta semana ha logrado asestar un duro golpe a la Guardia Revolucionaria cuando un suicida hizo explotar su coche al paso de un autobús en el que regresaban a sus hogares los agentes después de concluir su turno de vigilancia en una porosa frontera de novecientos kilómetros. El Ejército de la Justicia ha incrementado sus acciones en los últimos meses y se ha convertido en un motivo de conflicto diplomático entre Teherán e Islamabad. Los iraníes acusan al país vecino de no hacer lo suficiente para combatirlos y denuncian que es al otro lado de la frontera, donde tienen sus santuarios. Tras el atentado de esta semana la Guardia Revolucionaria amenazó con «castigar a los terroristas» si los paquistaníes no toman medidas.

A comienzos de año un ataque con explosivos contra una comisaría en Zahedán dejó al menos cuatro heridos y, en septiembre, la Guardia Revolucionaria mató en la frontera a cuatro milicianos, entre ellos el considerado 'número dos' del grupo, Mulla Hashem Nokri. Un mes después, el Ejército de la Justicia secuestró a doce agentes de seguridad iraníes en la frontera y hasta el momento solo cinco han regresado a la república islámica.

El Ejército de la Justicia tomó el relevo de Jondolá (Ejército de Dios) en 2012 al frente de la insurgencia de la minoría baluchi. En octubre de 2009 un ataque suicida de Jondolá acabó con la vida de al menos veintinueve personas e hirió a otras veintiocho en la zona de Pishin. Esta operación golpeó directamente a la cúpula de la Guardia Revolucionaria que asistía a una reunión con líderes tribales suníes y chiíes de la zona. Cinco altos oficiales del cuerpo paramilitar, entre ellos el vicecomandante de la Guardia, general Noor Alií Shooshtari, y el jefe de la delegación provincial, Rajab Alí Mohammadsadeh.

Unas semanas después las fuerzas de seguridad iraníes lograron capturar al líder del movimiento baluchi, Abdul Malik Riggi, a quien ejecutaron ante la presencia de familiares de sus víctimas.