El nuevo Parlamento Europeo, ante el reto de diseñar un seguro común de paro

Se trata del denominado 'Pilar Europeo de Derechos Sociales', del que el próximo 17 de noviembre se cumplirán dos años desde que fue aprobado conjuntamente por el Parlamento Europeo, el Consejo de la UE y la Comisión Europea durante la Cumbre social en favor del empleo justo y el crecimiento celebrada en Gotemburgo (Suecia). Incluye principios básicos como el derecho a una educación de calidad, la igualdad de trato y oportunidades, la inclusión social, un salario justo... Concretamente, contiene veinte puntos que representan y fijan derechos sociales básicos que deben convertirse en normas mínimas de cumplimiento en toda la Unión Europea. Estos 20 puntos están incluidos en tres capítulos: Igualdad de oportunidades y de acceso al mercado de trabajo; Condiciones de trabajo justas; y Protección e inclusión social. En definitiva, el objetivo de este documento no es otro que conseguir que los trabajadores y ciudadanos europeos tengan unas condiciones de trabajo y de vida dignas.

Para ello, dos de los grandes retos que tiene por delante el Parlamento es establecer un seguro europeo de desempleo y fijar un salario mínimo para todos los trabajadores de la Unión, además de otros como crear un bono de formación para todos los trabajadores o fijar cuotas para el equilibrio de género en los consejos de administración de las empresas. Y así se lo ha hecho saber Von der Leyen al próximo comisario de Empleo, el luxemburgués Nicolas Schmit, siguiendo la senda iniciada por su antecesor. Al igual que al resto de comisarios, le ha enviado una carta personalizada en la que le encomienda «reforzar la dimensión social de Europa», lo que supone garantizar que los trabajadores reciban «apoyo suficiente para ganarse la vida» y al mismo tiempo que los más de 15,6 millones de desempleados que hay en la UE reciban apoyo para encontrar un empleo».

«Quiero una mejor protección para quienes pierden su empleo cuando nuestra economía sufre un impacto grave», dijo alto y claro la exministra alemana en su discurso de apertura de la legislatura. Lo que propone Von der Leyen es un Sistema Europeo de Reaseguro de Desempleo que apoye «a nuestras economías y a nuestros ciudadanos en tiempos de perturbaciones externas» y del que, lógicamente, España ­–al igual que Grecia– sería una de las grandes beneficiadas, puesto que tiene la segunda tasa de paro más elevada de la UE. Por eso ha sido uno de los mayores promotores de este proyecto y, junto a Francia, presentaron la primavera pasada una propuesta técnica que planteaba tres opciones para diseñar este seguro europeo que permita complementar los sistemas nacionales en época de crisis. Las posibles vías pasan por un esquema para proporcionar liquidez a través de préstamos a los países que afronten problemas, un fondo común financiado por contribuciones regulares de los socios y que haga transferencias sin necesidad de devolverlas en casos de crisis, o auténticos sistemas europeos que paguen directamente las prestaciones a los parados. Para activarse, se tendrían que dar dos condiciones: que el nivel de desempleo nacional exceda una media a medio plazo y que esté aumentando al menos en una cantidad predefinida, según expone el documento,

El camino no será fácil, puesto que Holanda y los países nórdicos, sin grandes problemas de desempleo, ya mostraron su oposición a este proyecto.

Otra de las grandes promesas que ha hecho la presidenta electa de la Comisión es desarrollar un marco común para regular los salarios mínimos en los países miembros, respetando, eso sí, los diferentes mercados laborales. «Quiero asegurarme de que el trabajo esté bien retribuido», proclamó Von derLeyen en su discurso en Estrasburgo. Para ello apuesta por que se haga a través de la negociación colectiva entre las organizaciones de empresarios y sindicatos, lo que permitiría adaptar el salario mínimo al sector o región de la que se trate.

En la actualidad, seis de los 28 Estados miembros no cuentan con ninguna regulación acerca del salario mínimo: se trata de Austria, Chipre, Dinamarca, Finlandia, Italia y Suecia. Entre los 22 que sí lo tienen, las dierencias son abismales: la horquilla oscila entre el salario mínimo mensual de 286 euros en Bulgaria y el de 2.071 euros de Luxemburgo, siete veces superior.