La encrucijada de la nueva PAC: proteger la biodiversidad y al pequeño agricultor

La Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo (ENVI) acaba de aprobar, con 62 votos a favor, 4 en contra y 12 abstenciones, el informe de iniciativa propia -donde alerta del alarmante descenso de polinizadores- que refuerza la Estrategia de la UE sobre biodiversidad para 2030 presentada en 2020 por la Comisión Europea como una de las políticas clave del Pacto Verde Europeo.

«Al igual que ya hay una ley europea del clima, queremos una ley europea sobre biodiversidad que establezca un marco de gobernanza para la biodiversidad hasta 2050 e incluya objetivos legalmente vinculantes para 2030. Apoyamos el establecimiento de un plan que restaure el 30% de las zonas terrestres y marítimas de la UE», dice el ponente del informe sobre Biodiversidad del Parlamento Europeo (PE), César Luena (PSOE).

La nueva estrategia, que pide movilizar 20.000 millones de euros anuales, quiere contener los factores causantes de la pérdida de biodiversidad: cambios en el uso de la tierra y el mar; explotación directa de organismos; cambio climático; contaminación y especies exóticas invasoras.

Además, los eurodiputados de ENVI piden a la Comisión que se logre un «estado de conservación favorable» para todas las especies y hábitats protegidos, esperando también que al menos el 30% de las que ahora no se encuentran en un estado favorable lo sean o muestren una tendencia positiva en esta dirección. «La biodiversidad nos protege de alguna forma de enfermedades infecciosas. El 70% de las infecciones emergentes viene de zoonosis, que (a día de hoy) es la principal tesis que explicaría la covid», sostiene Luena, que aboga por concebir «una sola salud: humana, animal y medioambiental».

Apostar por la agricultura ecológica -al menos en un 25%- y reducir los plaguicidas más peligrosos en torno a un 50% para 2030 son dos de los compromisos estrella del informe. Para ello, la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) es clave: el modelo agrícola actual es el mayor causante de la pérdida de biodiversidad, según el Tribunal de Cuentas de la UE. «La falta de flexibilidad del Consejo amenaza la seguridad de los agricultores de la UE», advirtió el presidente de la Comisión de Agricultura (AGRI) del PE, Norbert Lins.

Pese a las desavenencias, la Unión Europea logró poner fin el viernes pasado con acuerdo entre el Consejo y el Parlamento Europeo a tres años de negociaciones para reformar la PAC, que contará con una nueva normativa a partir de 2023.

La PAC, que absorberá un tercio de los presupuestos europeos 2021-2027 (380.000 millones de euros, unos 45.000 millones para agricultores y ganaderos españoles), se enfrenta en plena pandemia a los vientos de cambio históricos que piden que sea más verde y proteja más a pequeñas y medianas explotaciones, así como que mejore las condiciones laborales de gran parte de los 10 millones de trabajadores del campo en la UE. Hasta la fecha, el 20% de las explotaciones reciben 8 de cada 10 euros de los pagos directos (el grueso de la PAC).

Entre esos grandes terratenientes se encuentran cabezas visibles del euroescepticismo más mediático como el exasesor de Boris Johnson Dominic Cummings y líderes de la talla del 'premier' checo Andrej Babis, el segundo hombre más rico del país. Por ello, una de las líneas rojas del PE desde el principio fue la dotación mínima para pequeños y medianos agricultores de un porcentaje del 10%.

El principal escollo, no obstante, fue el porcentaje para los ecoesquemas: pagos anuales directos (que se otorgan por hectárea o cabeza de ganado) a los agricultores para que acepten compromisos medioambientales. Lo desvelado del principio de acuerdo que se ratificará esta semana es que los eurodiputados, que partían de una exigencia del 30%, y los Estados miembros (20%) pactaron a mitad de camino, que el 25% de los pagos directos se destinen a planes ecológicos.

El compromiso fijo de un período de «aprendizaje» o de transición en la aplicación de los ecoesquemas de dos años en el que se podrá destinar a ellos solo el 20%. «La reforma de la PAC, tal como está, no es probable que cumpla con los objetivos climáticos y de biodiversidad del Pacto Verde», describen a Europa Hoy Geneviève Pons y Pascal Lamy, directora general y vicepresidente del instituto Jacques Delors Europa.

Esta nueva PAC -subrayan- parece devolver cierta responsabilidad a los Estados, que tienen que cumplir con los objetivos de neutralidad climática y biodiversidad diseñando planes ecológicos nacionales. «Esto incluye la restauración de suelos que tienen el potencial para ser reservas de almacenamiento de carbono», agregan. Más pesimista es Greenpeace, que denuncia que el «modelo de agricultura intensiva y ganadería industrial ha llevado a la pérdida de biodiversidad en las últimas décadas».